Una vez que se ha hecho pública las decisión de la Comisión Europea sobre la reforma de la OCM del sector, la Unión de Campesinos – COAG exige el mantenimiento del sistema de cuotas y precios garantizados en la política comunitaria del azúcar.

La liberalización del mercado del azúcar va a provocar el desmantelamiento del tejido productivo remolachero circunstancia que no va a reportar ningún beneficio para las poblaciones de los países menos desarrollados. Los datos son elocuentes: en el mundo se producen 135 millones de toneladas de azúcar, de las cuales, 16 se producen en suelo comunitario, de estas sólo 1,5 millones de ellas se exportan con ayuda (buena parte de las cuáles proceden de países de Africa, Caribe y Pacífico), por lo que su impacto es mínimo en los mercados internacionales.

La política de cuotas y precios garantizados es un pilar básico que no puede ser desmantelado porque es la forma de vida de 12.000 familias en Castilla y León que viven de este cultivo. Además, la distribución de la producción ha permitido llevar prosperidad a zonas rurales deprimidas de toda la Unión Europea, pues el reparto se hace con este criterio.

La retirada de las garantías comunitarias para el sector no supondrá mejoras en la calidad de vida de la población de los países pobres productores. Sobran ejemplos de otros productos como el café, el cacao, el caucho o la banana, los países que se especializan en la producción de estos productos de cara a la exportación no abandonan su situación de dependencia y pobreza; mientras que los operadores monopolizan el comercio y el beneficio.

Desde COAG se exige que se mantenga el sistema de cuotas y precios vigente, lo que implica la contingentación de las importaciones de los países incluidos en la Iniciativa EBA –Todo menos armas -, su control y certificación para evitar el fraude y el dumping social y ambiental, que generan competencia desleal e indeseable. COAG reivindica el derecho a producir los alimentos que consumimos, y el mantenimiento del principio de preferencia comunitaria; en nuestro país se produce 1´1 millones de toneladas de azúcar, mientras que se consume 1,2 millones, es decir, somos deficitarios en este producto, aunque tenemos la obligación de exportar parte de la producción de manera obligada como consecuencia de la insuficiente asignación de cuota, una de las deficiencias que sí habría que corregir en la OCM del azúcar.

Por su parte, la Administración Regional tiene que exigir al Gobierno un compromiso firme y decidido tanto a favor del mantenimiento del sistema de cuotas y precios, que se ha constituido en las últimas décadas como el auténtico garante de la estabilidad en el sector productor remolachero de esta Comunidad Autónoma al tiempo que ha permitido llevar la prosperidad a muchas zonas rurales deprimidas, como del mantenimiento de la capacidad productiva del Estado cuando menos en la medida necesaria para abastecer el consumo interno nacional, la continuidad de la preferencia comunitaria, de la contingentación y el control / certificación de las importaciones con destino europeo.