La aprobación de la Reforma Intermedia de la PAC, nos ha sumido en un tiempo de decisiones, decisiones que van a afectar a la marcha de nuestra agricultura y ganadería con el horizonte del año 2012, año hasta el que está asegurado, teóricamente, el presupuesto de la subpartida 1 a , que es el destinado a financiar las medidas de mercado y las ayudas directas.

Si es cierto, que desde el principio hemos considerado desde ASAJA, que esta reforma era un despropósito por varias razones:

– Porque aún estaba en vigor la Agenda 2000.
– Porque se acercaban las negociaciones de la OMC y
– Porque la propuesta que hacía el Comisario era, a todas luces, desproporcionada y deslegitimadora de la política agraria comunitaria.

Sin embargo y pese a la oposición de algunos países, de las OPAS, de las distintas administraciones implicadas y después de que la Comisión aceptara “la lista de la compra” (exigencias) de cada estado miembro, el Consejo aprobó esta reforma con el desacoplamiento total, desligando las ayudas directas de la producción, pero dando la opción a cada estado miembro de retener parte de esta ayuda como pago ligado a la producción, lo que se ha dado en llamar desacoplamiento parcial.

La política Agraria Comunitaria, ya es sólo política agraria a secas, ya no es común para todos los miembros de la UE, cada uno decide el modelo que quiere seguir a nivel nacional e incluso a nivel regional, si bien en España ya se ha tomado la decisión, por parte de las Administraciones nacional y autonómicas, de una aplicación nacional.

Hay dos cuestiones a decidir; la fecha y la modalidad de aplicación del desacoplamiento.

El desacoplamiento parcial tendrá como principal consecuencia el mantenimiento de la producción agrícola y ganadera actual. Puede existir cierta disminución de la superficie sembrada de cereales en zonas con bajos rendimientos productivos y del número de reproductoras en ganadería, pero sin ser significativos.

Se conservaría, por lo tanto, la situación actual de la agricultura y ganadería, en los que se refiere a niveles de producción.

Sin embargo, existen inconvenientes que hacen pensar que el desacoplamiento parcial no es una solución efectiva.

Uno de los primeros inconvenientes será la burocracia que se generará y cuando se aumenta el volumen de “papeles” tanto para el agricultor o ganadero, como para el organismo gestor de la administración, siempre lleva aparejado un aumento de problemas, retrasos en el pago, incumplimiento de compromisos etc.

Unido a esto, va la complejidad de que coexistirán dos tipos de prima, la acoplada y la desacoplada. Para poder percibir ambas primas, el agricultor y ganadero, deberá cumplir una serie de compromisos que serán distintos para cada una de ellas. El titular de la explotación, tendrá que estar pendiente cada día del año, no de su ganadería, sino de todos y cada unos de estos compromisos si quiere percibir ambas ayudas y esto nos parece muy difícil de conseguir.

Creemos, además, que va a existir una discriminación entre los ganaderos de unos Estados Miembros y otros. Algunos países que producen lo mismo que nosotros, han estado de acuerdo desde el principio con la propuesta de desacoplamiento total que ha hecho el Comisario Fischler, por lo que es previsible que apliquen esta fórmula. Es decir y como ejemplo, uno de los mayores productores de ovino de la Unión Europea, el Reino Unido, podrá redimensionar sus explotaciones ajustándolas a la mayor rentabilidad posible e incluso podrán mejorar y modernizar su infraestructura, ya que contarán con una renta anual fija y asegurada de acuerdo con su historial productivo en el periodo de referencia, excepto nosotros, los ganaderos españoles.

En lo que respecta al desacoplamiento total, tendría como consecuencia previsible la disminución del nivel productivo de nuestra región. El nivel de ese descenso es lo que no podremos predecir a corto plazo.

Sin embargo, lo que sí es evidente es que los titulares de las explotaciones agrarias tendrían, dentro de este sistema, una ventaja bien definida en lo que se refiere a la reducción evidente de la complejidad burocrática y del cumplimiento de los compromisos.

Como todos sabemos, ya existen algunas comunidades autónomas que se han decantado por este sistema de desacoplamiento total, al igual que algunos estados miembros.

Creemos que algunos sectores de esos países sufrirán una reordenación que puede, en algunos casos, ser beneficiosa si tenemos en cuenta la posibilidad de cambiar la orientación productiva de algunas explotaciones y cómo afectará a la situación del mercado un ajuste de la oferta, mientras que el sector agrario de España quedará prácticamente en la misma situación actual.

Además, aunque los efectos se verán a más largo plazo, los países productores de la Unión Europea, deben tener una política idéntica frente a terceros países productores, ya que esto contribuirá a mantener una postura de fuerza del sector en el mercado y no el debilitamiento que puede suponer el que cada país miembro tenga un sistema distinto y no funcionen como una unidad.

Otra de los puntos a decidir es el año de aplicación de esta reforma. Hay que elegir entre 2005, 2006 y 2007.

Esta reforma tiene que ponerse en práctica sin más remedio, por lo que creemos que es mejor que los titulares de explotaciones agrarias sepan a que atenerse cuanto antes y eso sí, que esta reforma tenga la continuidad que se ha aprobado y no nos encontremos otra vez, con otra reforma a mitad de plazo ni con más revisiones de la ficha financiera.

Desde ASAJA-EXTREMADURA la elección que hacemos es la de desacoplamiento total, por considerarla la “menos mala” de las dos opciones. Además la entrada en vigor de la reforma debe ser lo antes posible. Es necesario evitar la inseguridad en la que se mueve ahora el agricultor y ganadero que no puede tomar ninguna disposición sobre su explotación y evitar las especulaciones que se generan en torno a estos cambios.