Tras conocerse que los cultivadores de Castilla y León soportarán una penalización del 31,86 por ciento en la ayuda al cultivo del maíz, ASAJA ha reclamado que la penalización del maíz se aplique atendiendo a criterios nacionales, y no regionales, como está ocurriendo en los últimos años.
En esta campaña (2003/04) se han sembrado en nuestra Comunidad Autónoma, incluyendo la retirada obligatoria, 143.012 hectáreas de maíz, mientras que la superficie asignada con derecho a ayuda es tan sólo de 92.708 hectáreas: es decir, se ha sobrepasado este cupo en 50.304 hectáreas. Una vez efectuados los cálculos de compensación con las superficies no cubiertas en otras Comunidades Autónomas, quedan exentas de ayuda 45.559 hectáreas en Castilla y León, lo que significa una penalización del 31,86 por ciento.
Teniendo en cuenta que el rendimiento medio fijado en el Plan de Regionalización Productiva para este cultivo es de 7,8 toneladas/hectárea en nuestra región, este porcentaje de penalización implica una pérdida de 156,56 euros (26.049 pesetas) por hectárea de maíz: el agricultor percibirá 55.713 pesetas por cada hectárea, en lugar de las 81.762 correspondientes a la prima completa.
Se trata, pues, de la penalización más fuerte desde que el Ministerio eligió el criterio regional para aplicar estas sanciones, que anteriormente se compensaban entre todas las comunidades autónomas. Dado que en la última Sectorial de Agricultura, que reúne a los responsables del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, se acordó aplicar la reforma de la PAC atendiendo a criterios nacionales, ASAJA de Castilla y León considera que es un buen momento para calcular los derechos de cultivo del maíz con la misma fórmula, considerando una única superficie nacional. Una fórmula que la OPA considera más solidaria, dado que en regiones como Castilla y León es muy difícil hallar otras alternativas en regadío, puesto que cultivos como el arroz, el algodón o las hortícolas, posibles en otras zonas, aquí prácticamente no tienen cabida.
Por otra parte, y de cara a la aplicación de la reforma de la PAC, ASAJA de Castilla y León pide que se tenga en cuenta esta situación especial de nuestra Comunidad Autónoma a la hora de concederle prioridad en el reparto de derechos desde la reserva nacional. No hay que olvidar que la puesta en marcha de nuevas superficies de regadío implica en Castilla y León unos sobrecostes muy elevados, no compensados con el aumento de productividad que acarrean.
Por último, añadir que también sufrirán penalizaciones los cultivadores de trigo duro, una modalidad poco frecuente en nuestra región, ya que está sujeta a derechos históricos. Las provincias afectadas serán Burgos, Salamanca y Zamora.
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