Madrid, 3 de diciembre´03. El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y los 17 consejeros autonómicos de agricultura y ganadería acordaron en la Conferencia Sectorial, concluida el lunes en Zaragoza, que la Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), aprobada el pasado 26 de junio, se aplique en España a partir del 1 de enero de 2006.

COAG exige a las administraciones, central y autonómicas, que agilicen las decisiones y medidas necesarias para lograr políticas agrarias propias que minimicen el impacto negativo de la reforma de la Política Agraria Común, porque esta reforma genera un desmantelamiento irreversible del tejido rural debido a la destrucción de las explotaciones familiares.

Con la nueva reforma se plantean multitud de dificultades y cuestiones estructurales sin resolver a dos años de su aplicación. A día de hoy, es palpable la incertidumbre que vive el sector agrario a causa de las reducciones de precios y ayudas, y por lo tanto de rentas, que supondrá esta reforma; a lo que hay que añadir las incertidumbres derivadas de otras cuestiones pendientes como la forma que se utilizará para fijar el desacoplamiento y cuál será el procedimiento en la desvinculación de las ayudas a la producción.

En las jornadas estatales de COAG, celebradas el 28 y 29 de noviembre en Zaragoza, se puso de manifiesto el rechazo absoluto hacia el desacoplamiento total de las ayudas y se constató la necesidad de una nueva política agraria que respondiera a las necesidades del las explotaciones familiares y del conjunto de la sociedad. Manifestaciones como las del Ministro de Agricultura, Arias Cañete, que ha afirmado que el desacoplamiento total no ocasionará abandono de la actividad no responden a la realidad ni a las estimaciones que desde COAG hacemos y demuestra la despreocupación del Ministro por los graves impactos, negativos, por la desaparición de explotaciones que ocasionará esta reforma.