Sevilla, 13 de mayo de 2004.- ASAJA-Andalucía exige al Ejecutivo español que, tras el compromiso adquirido por el Presidente del Gobierno con el sector del olivar, aporte una cantidad que oscila entre 150 y 200 millones de euros, imprescindible para evitar el agravio al que está sometido el olivarero español, en clara posición de desventaja frente al resto de los olivareros europeos que perciben una ayuda muy superior por cada kilo de aceite (más de 0,30 euros por kg), lo que además de un agravio supone perpetuar una situación de competencia desleal que, hasta la aprobación de la reforma, se consideraba transitoria.
El Grupo de Trabajo de Olivar de ASAJA-Andalucía, que se reunió ayer en Córdoba para analizar la situación en la que se encuentra el olivar andaluz tras la reforma de la OCM, mostró su malestar e indignación por los lesivos acuerdos alcanzados en Luxemburgo y anunció el inicio de una dura campaña de movilizaciones si en las próximas semanas no se toman medidas urgentes para paliar sus efectos perversos.
Asimismo, el Grupo de Trabajo denunció las pérdidas provocadas por la ampliación a la campaña 1999-2000 del periodo de referencia para fijar el pago único desacoplado de los productores de aceite de oliva y aceituna de mesa, pues fue la única campaña del citado periodo en la que España, con 747.000 toneladas de producción, alcanzó la ayuda plena y no completó el cupo de 770.037 tm y Andalucía, con 515.757 tm, quedó muy por debajo de su producción habitual, por lo que con su inclusión, Andalucía pierde 36 millones de euros anuales.
El Grupo de Trabajo de Olivar de ASAJA-Andalucía elaboró un documento (que aquí adjuntamos) que se ha enviado al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía en el que se recogen las solicitudes de ASAJA-Andalucía para paliar los problemas que creará, en la primera región productora de aceite de oliva y aceituna de mesa de España, la entrada en vigor de la nueva OCM del Olivar a partir del 2006.
Exponemos a continuación las principales reivindicaciones recogidas en este documento:
1. El debate del régimen resultante debe quedar zanjado en el mes de junio. Dada la enorme inquietud existente en el sector tras los malos resultados de la negociación no es conveniente que se demore al mes de septiembre.
2. Dentro de este debate debe ser prioritaria la adopción de los mecanismos necesarios para compensar la diferencia entre el desastroso acuerdo alcanzado en Luxemburgo, donde sólo se obtuvieron 20 millones de euros, y las cifras mínimas que tanto organizaciones agrarias como fuerzas políticas y sociales, así como la administración central y andaluza estimábamos necesarias (entre 150 y 200 millones) para adecuar la Cantidad Nacional Garantizada a la realidad productiva española. Este mecanismo de compensación presupuestario debería estar aprobado antes del mes de junio de este año.
3. Dentro del compromiso ya señalado por el presidente D. José Luis Rodríguez Zapatero, deberán disponerse y priorizarse los fondos necesarios que cubran los planes especiales de actuación para atender las necesidades del olivar de altos costes, baja producción y la aceituna de mesa, también antes del mes de junio de este año.
4. En cualquier caso, los acuerdos que se adopten han de tener la garantía absoluta, por parte de la Junta, de que no provocarán transferencias de fondos ni entre CC.AA, ni entre Provincias, ni entre explotaciones, a fin de ser lo más equitativos posibles con la realidad productiva que generó los derechos de ayuda, al igual que ha ocurrido en el resto de reformas de otras OCMs.
5. También debemos exigir que en el desarrollo normativo quede convenientemente contemplado la prohibición de mezclas como una manera de fomentar la calidad, el establecimiento de un sistema de Intervención eficaz ante situaciones problemáticas del mercado y un sistema de control que vele por la transparencia del mismo.
6. De igual forma se han de considerar y dar solución a aquellos olivares que aunque fueron plantados en el periodo con derecho a ayuda (antes del 1 de Mayo de 1.998), o renovados de forma legal, no han obtenido cosecha en los años de referencia, con lo cual, con la Reforma aprobada carecerían de ayuda al no generar ningún derecho histórico.
7. Si todo lo anterior no fuese posible, a pesar de los firmes compromisos del Gobierno de España y del Gobierno de la Junta de Andalucía, debe contemplarse la posibilidad de llegar a un desacoplamiento al 100% de las ayudas al olivar, tal como permite la propia reforma. En todo caso, deben siempre librarse fondos adicionales para corregir los desequilibrios de los olivares de altos costes, baja producción y escasa viabilidad productiva.
8. A pesar de lo anterior, exigimos a la Ministra de Agricultura que encargue a los Servicios Jurídicos del Ministerio la interposición de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia contra la reforma de la OCM del Olivar, dado que vulnera lo dispuesto en el preámbulo de los Reglamentos 1638/98 y 1513/01 donde se recogía la necesidad de disponer de información más fiable sobre el número de olivos, hectáreas y olivareros. Sin embargo, tras haberse obtenido estas cifras, con el consiguiente esfuerzo del sector olivarero español, la Comisión Europea consolida el agravio a nuestros olivareros al no querer reconocer nuestra realidad productiva.
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