El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, ha organizado, en colaboración con la Asociación de Consultoras Ambientales de Navarra Sarbil, una jornada informativa sobre “La nueva Directiva sobre Responsabilidad Ambiental; repercusiones para las PYMES navarras”.
Esta jornada informativa, que se celebrará el 10 de junio, está dirigida a los responsables y los técnicos ambientales de las pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad. Los interesados en participar pueden formalizar su inscripción hasta el lunes 7 de junio en el número de teléfono 948 14 08 18.
El objetivo de la nueva Directiva sobre Responsabilidad Ambiental de 21 de abril de 2004, refrendada por el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo, es establecer un mecanismo común de reparación de los daños ambientales -sobre el agua, las especies y hábitats protegidos y el suelo-, derivados del ejercicio de un amplio número de actividades. De esta forma, por vez primera se establece en una Directiva la obligación real de que el causante de un daño ambiental lo repare y asuma sus costes económicos, es decir, se asume el principio de “quien contamina paga”.
La Unión Europea concede ahora tres años de plazo para su transposición al derecho interno de los Estados. El Gobierno español puso en marcha una iniciativa semejante a raíz del desastre causado por la mina de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla). Finalmente se pospuso a la espera de que se aprobara esta Directiva.
La Directiva exigirá a las empresas, además, que realicen actividades con riesgo ambiental, suscribir seguros para afrontar los costes de reparación de los daños y evitar su insolvencia. Se ha llegado al compromiso de instar a los Estados a que desarrollen instrumentos de garantía financiera para hacer frente al pago de los daños.
En principio, el actual texto de la Directiva obliga únicamente a exigir la suscripción de un seguro de responsabilidad civil medioambiental a los gestores de residuos peligroso, no obstante, cada estado miembro podrá exigir seguros u otras garantías financieras a las empresas para hacer frente a sus responsabilidades.
Pamplona, 3 de junio de 2004
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