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La Coordinadora Agraria estima que la Comisión muestra una prudencia de la que hasta ahora ha carecido, mas preocupada de salvar las negociaciones de la omc, que de garantizar el mantenimiento de la renta y el empleo de remolacheros y azucareros

04/06/2004

Palencia, 3 de junio de 2004.- El anuncio realizado por la Comisión Europea de que no presentará, al menos hasta principios del próximo año, su propuesta legislativa para modificar la OCM del Azúcar, podría ser una noticia esperanzadora para el sector, si, como parece indicar, se confirma que la Comisión ha decidido esperar a conocer como se desarrollan las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y la resolución de la denuncia formulada contra la UE ante la OMC por los grandes países exportadores: Brasil, Australia y Tailandia.

Entre los condicionantes para el aplazamiento de la propuesta, no hemos de olvidar que las instituciones europeas se hallan en pleno proceso de cambio, tras la ampliación de la Unión, las elecciones al Parlamento, y la renovación de la propia Comisión; sin duda, en el ánimo del comisario Fischler también habrá pesado esta situación de transitoriedad para decidir posponer la presentación de la reforma.

Reformar la OCM sin conocer el resultado de estas importantes cuestiones equivale a ponerse la venda antes de la herida; por el contrario, una reforma posterior a estas resoluciones y valorando su alcance, permitirá un mayor ajuste entre los objetivos y las medidas propuestas, haciendo quizá innecesarias algunas de opciones barajadas en anteriores avances, todas ellas muy negativas para el sector remolachero-azucarero europeo, y, particularmente, para el español.

Recordemos que España necesita importar azúcar para abastecer su consumo interno, mientras que otros estados miembros de la UE tienen asignadas cuotas de producción superiores en un 75 % a su consumo.

Precisamente desequilibrios internos como éste son los que debería afrontar la Comisión en sus propuestas de reforma; sin embargo, entre las líneas de trabajo que manejan, por lo menos las conocidas hasta ahora, inciden en reducir linealmente las producciones de todos los estados. De confirmarse dichas reducciones se estaría penalizando doblemente a España, que no sólo no contribuye a las exportaciones de la UE, sino que se vería condenada a mayores importaciones de azúcar, mientras por otra parte se abandonaría el cultivo de la remolacha en una importante extensión de nuestros regadíos, sin que existan alternativas suficientemente interesantes para sustituirlo.

La Coordinadora Agraria espera que la prudencia mostrada por la Comisión al darse un mayor plazo de tiempo para presentar su propuesta no sirva sólo para alargar la incertidumbre que ahora existe en el sector, sino que sea aprovechado para que, cuando finalmente se presente la reforma, ésta sea consecuente con los objetivos de garantizar rentas y empleos en las zonas menos favorecidas de la Unión, como es el caso de Castilla y León.

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