17 de junio de 2004. Andan los jefes de gobierno de los veinticinco países de la Unión Europea trabajando a contrarreloj para aprobar la Constitución en próximas fechas, después de la resaca de unas elecciones al Parlamento Europeo caracterizadas por la indiferencia de los ciudadanos, traducida en una abstención sin precedentes.

A tenor de los acontecimientos del 13 de junio, cabe pensar que los euroescépticos son aplastante mayoría, y que nuestros dirigentes están gobernando de espaldas a los intereses y deseos de la sociedad. El desinterés mostrado por los ciudadanos de la Unión el pasado 13 de junio no fue una excepción en el medio rural en general y en el sector agrario en particular, pues manifestamos similar entusiasmo por unos programas que, si existían, no los llegamos a conocer y por unos líderes o candidatos que desconocíamos o sentíamos demasiado lejanos. Y todo a pesar de que el sector agrario está muy marcado por la política que se hace desde Bruselas, y de la que tenemos conocimiento en primera persona ya desde el lejano año 1986.

Los agricultores y ganaderos nos consideramos hoy quizás más europeos que el resto de ciudadanos. Compartimos con el resto de colegas de la Unión políticas similares, miramos a Europa cada vez que se celebra una reunión del Consejo, cada tres o cuatro años nos reforman de forma sustancial la política agrícola común, nuestras vidas se ven marcadas por las iniciativas legislativas, además de por las políticas de ayudas o apoyos. Cierto es también que los primeros años, quizás toda una década, desde nuestra integración en la Unión, tuvimos que sufrir los efectos de una mala negociación, partiendo de una situación de desventaja por nuestras estructuras productivas; pero hoy día, lejos de tener miedo a nuestros colegas europeos, somos sus más fuertes competidores. En España somos tan eficientes como en el resto de Europa en producciones ganaderas, les ganamos en la producción de frutas, hortalizas, viñedo y, en definitiva, competimos en todo aquello que no depende tanto de la lluvia, aunque siempre tendremos el coste añadido del agua de riego. Por eso en cereales, difícilmente puede competir nuestro secano de bajas producciones con los sembrados del otro lado de los Pirineos, donde parece que cae del Cielo el agua necesaria en el momento oportuno.

El borrador de Constitución Europea que elaboró el comité de sabios destina escasamente cuatro páginas al sector de la agricultura y la pesca. No dice nada nuevo que no esté ya establecido en los diferentes reglamentos que desarrollan la política agrícola común. Recuerda, eso sí, los objetivos de la política agraria europea, con los que estamos en total sintonía, y que nos gustaría se aplicasen en todos sus extremos. Así, se habla de incrementar la productividad agrícola, de fomentar el progreso técnico, de asegurar el desarrollo racional de la producción, así como el empleo óptimo de los medios de producción y en particular de la mano de obra; procurar un nivel de vida equitativo a la población del campo, en especial aumentando la renta; estabilizar los mercados; asegurar los abastecimientos; y garantizar al consumidor suministros a precios razonables. Por otra parte, se tienen en cuenta las características especiales de la actividad agraria, las desigualdades estructurales y naturales entre regiones, y el hecho de que la agricultura constituya un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

Como agricultores y ganaderos, seguro que no quitamos nada de lo antes dicho del texto de la nueva Constitución, pero a buen seguro pondríamos más líneas de las cuatro que se dedican a la especificidad de la agricultura y la ganadería. El sector agropecuario de nuestro país, y en especial el de Castilla y León, no tiene miedo a una Europa en la que se compartan políticas comunes, no tiene miedo a un libre mercado que conocemos desde el año 1992: tan sólo exige que se nos den las mismas herramientas que tienen los demás para producir, y que la lejanía de los centros de poder no suponga el olvido de las gentes del campo.

Por todo esto, los agricultores y los ganaderos, que nos consideramos a todos los efectos europeos desde hace muchos años, no podemos por menos que apoyar una Constitución que recoja nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos de la Unión. Y nos sentimos orgullosos de vivir posiblemente en la parte del mundo con mayor nivel de renta y derechos ciudadanos, pero a la vez tenemos que recordar que la agricultura, a pesar de los años que llevamos con la PAC, sigue siendo un sector necesitado de todo tipo de apoyos, puesto que el medio rural, nuestros pueblos, son todavía la asignatura pendiente de Europa.

Valladolid, 17 de junio de 2004