22 de septiembre de 2004. El sector porcino de Castilla y León tendrá que asumir nuevos y costosos compromisos derivados de la prácticamente obligación de suscribir el seguro para la cobertura de los gastos de destrucción de los animales muertos, gastos que supondrán cerca de 6 millones de euros anuales. Además, según denuncia ASAJA, a este coste habrá que sumar el derivado de la nueva obligación de contar cada explotación con un contenedor homologado en el que depositar los cadáveres, con un precio que oscilará entre los 482 y 270 euros, según su capacidad.

Tras retrasar más de un año –ya que la normativa europea sobre prohibición de enterramiento de cadáveres está en vigor desde mayo de 2003–, la inclusión de los sectores porcino, avícola y cunícola en la línea de ayudas a los gastos derivados de la destrucción de animales muertos, hace apenas una semana la Consejería de Agricultura y Ganadería ha remitido un borrador que se aprobará inmediatamente, lo que significará que miles de granjas de la Comunidad Autónoma tendrán que asumir nuevas obligaciones.

La primera, es la suscripción de un seguro, cuyo precio se ha fijado por la Administración regional y las compañías aseguradoras en 5 euros por reproductora y 1,20 por el porcino de cebo. Para el caso de animales de las especies avícolas el coste oscilaría entre 0,01 y 0,15 euros, y para cunícolas 2,74 euros, un precio desorbitado igualmente. Sólo en porcino, la suscripción de este seguro significará un coste global para el sector productor de 5,8 millones de euros. Aunque este seguro en teoría es voluntario, lo cierto es que en la práctica es obligado, puesto que si no se suscribe el ganadero tiene que asumir por su cuenta los gastos derivados de la retirada de animales, que son muy elevados.

Además, la normativa establece una nueva obligación, la de contar con un contendor en la explotación en el que depositar los cadáveres hasta que sean recogidos por la empresa autorizada. A pesar de que esta obra contará con una subvención de la Junta, el coste será importante (de entre 482 y 270 euros).

ASAJA considera que, a pesar de que estas medidas son inevitables, puesto que así lo obliga la normativa comunitaria, llegan de una forma precipitada y su coste es excesivo. “De hecho, en otras comunidades autónomas de alta concentración porcina, como la catalana, el precio del seguro es menor, obedeciendo a criterios puramente económicos de las compañías aseguradoras. Es injusto que se penalice a las zonas donde está más disgregada la ganadería porcina”, subraya ASAJA. Además, la organización agraria recuerda la situación de crisis en la que está sumido el sector porcino desde hace meses, con unos precios en muchos momentos por debajo de costes, en buena parte debidos a la entrada incontrolada de carne de otros países. La llegada de estos nuevos compromisos, si no se planifica desde la Administración un apoyo suficiente, será un nuevo varapalo, especialmente para las granjas más pequeñas.