Parece que algunos han descubierto que el trasvase Tajo-Segura es un agravio para Castilla-La Mancha sólo después de que el PP perdiera las elecciones. Son los mismos que apoyaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del anterior Gobierno, que no sólo incluía los trasvases Tajo-Segura y el del Ebro, sino que además dejaba como únicos acuíferos sobreexplotados sin recarga a los de nuestra región. Quienes dieron su apoyo al anterior PHN, sólo han descubierto que éste perjudicaba a nuestra región cuando cambió el Gobierno. Curiosa forma de entender la defensa de los intereses de los agricultores castellano-manchegos.

Así, mientras centramos toda nuestra atención en el trasvase Tajo-Segura, algunos quieren olvidar que se va a abrir el diálogo social para diseñar un nuevo Plan Especial del Alto Guadiana, una zona en la que trabajan y viven nada menos que dos tercios de los agricultores de la región. En sus 19.000 kilómetros cuadrados vive la tercera parte de la población castellano-manchega. Sustenta la mayor parte de la producción de cultivos sociales como el ajo, melón, pimiento o cebolla, así como casi el 90% del viñedo regional, y una importante actividad económica de industria y servicios relacionados con la agricultura.

Quienes hoy se manifiestan querían que la ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, hubiera aprobado un Plan del Alto Guadiana que fue negociado a espaldas de la sociedad, con la única finalidad de beneficiar a los aguatenientes del acuífero 23. Aunque este Plan no contemplaba la recarga de dichos acuíferos sobreexplotados, a quienes dieron su visto bueno les valía con apropiarse la poca agua existente. No en vano, hace dos años UPA-Castilla-La Mancha tuvo que denunciar el nuevo Plan de Extracciones del acuífero 23 que quitaba agua al 93% de los regantes, los más pequeños, para dársela al 7% de grandes propietarios. Para redondear la situación, resulta que un centenar de explotaciones se han repartido nada menos que 20.000 millones de las antiguas pesetas procedentes del Plan de Humedales en los últimos diez años. En una situación muy distinta se encuentran más de 30.000 propietarios de pozos alegales, que no solo viven sometidos a constantes multas, sino a la incertidumbre de si mañana podrán regar o no. Y decimos “alegales”, porque en las mismas fechas que se aprobaba la ley del trasvase Tajo-Segura, también por ley se prohibía regar las viñas. No es de extrañar que los pocos que se benefician a costa de la mayor parte de los agricultores, carguen contra la ministra que ha anunciado un plan consensuado.

En la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha mantenemos nuestra conocida postura, más allá de los cambios de Gobierno. Fuimos los únicos en oponernos al Plan Hidrológico Nacional porque no solucionaba la sobreexplotación del Alto Guadiana, y porque incluía actuaciones perjudiciales para la región. Nos opusimos al Plan Nacional de Regadíos porque no satisfacía las necesidades de nuestra tierra. Denunciamos el reparto injusto del agua para riego y las subvenciones millonarias para los grandes propietarios. Pedimos un Plan Especial del Alto Guadiana que fuera fruto del consenso entre instituciones, agricultores y ciudadanos, y que asegurase el futuro de un tercio de la población castellano-manchega. Quienes legitimaron esta serie de agravios para nuestra región, quieren olvidarse de dos terceras partes de los agricultores de Castilla-La Mancha, precisamente ahora que se van a abrir las negociaciones para repartir con justicia el agua en el Alto Guadiana. Prefieren desviar la atención hacia otros asuntos, quizá para permitir que unos pocos sigan lucrándose a costa del empobrecimiento de un tercio de la población regional.

Desde UPA-Castilla-La Mancha apoyamos al presidente de la Junta de Comunidades en su empeño por satisfacer las necesidades actuales y futuras de los castellano-manchegos, pero no vamos a permitir que el debate del trasvase oculte las decisiones que se tienen que tomar ahora, y ahora toca Plan Especial del Alto Guadiana. Estamos seguros de que miles de pequeños agricultores también desean conocer la opinión de la Junta sobre su futuro.