Madrid, 18 de enero de 2.005. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, alerta de que el anteproyecto de la Ley de Semillas y Plantas de vivero y de Recursos fitogenéticos vulnera de manera alarmante los derechos de los agricultores. Ante la posibilidad de que el texto sea aprobado en breve en Consejo de Ministros, COAG ha remitido una carta a los diferentes grupos parlamentarios trasladando su preocupación por el contenido de dicha ley, instando a los responsables políticos en materia agraria a corregir los aspectos del anteproyecto que dejan totalmente desprotegidos a los agricultores.
El texto del anteproyecto, si bien no recoge una parte importante de las principales demandas de los agricultores, responde por completo a los intereses de las casas comercializadoras de semillas. En este sentido, las sanciones propuestas para las casas de semillas siguen sin ser lo suficientemente altas para persuadir del suministro de material vegetal defectuoso. Además, el agricultor sigue desamparado ante este hecho al no regularse correctamente esta responsabilidad, por lo que ha de ponerse en marcha un plan de control estatal que analice las semillas antes de su comercialización, sobre todo en producciones hortícolas.
Además, el anteproyecto, de aprobarse en los actuales términos, seguiría sin reconocer legalmente el derecho histórico de los agricultores a intercambiar semillas para sus siembras, práctica tradicional en ciertas regiones y para variedades locales (variedades población) en muchos de los casos. La demanda histórica de los agricultores de optar a material vegetal en buen estado y con buen comportamiento en campo (con todas las modificaciones legislativas de exigencias de producción, registro y comercialización necesarias), sigue sin estar claramente resuelta.
La contaminación transgénica tiene su peor faceta en su transmisión mediante las semillas y es en la producción de semillas donde se debería poner el máximo interés en evitar la presencia de OMGs. Este aspecto no se ha mencionado en el borrador de la Ley ni tampoco se están haciendo los esfuerzos necesarios para defender esta postura en las negociaciones de las directivas comunitarias que lo regulan.
La conservación y utilización de los recursos fitogenéticos (España es uno de los países europeos con mayor diversidad agraria) no está siendo tratada según unos objetivos claros. La puesta en marcha del Tratado Internacional de conservación de los Recursos fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, ratificado por España, obliga a poner en marcha iniciativas que fomenten el cultivo de variedades locales por parte de los productores, su registro oficial con unos criterios adaptados a sus características y a su forma de utilización tradicional, el apoyo a la conservación de la biodiversidad agraria mediante sistemas de cultivo especialmente aptos para ello (como es la agricultura ecológica) y las modificaciones legislativas necesarias para que estos recursos sean multiplicados, comercializados de una manera solidaria y utilizados por agricultores, sobre todo, por los agricultores a título principal. Apenas han sido contemplados estos aspectos en el texto de la Ley, que sólo regula el acceso a la biodiversidad con objetos de mejora genética y restringiendo su utilización.
Asimismo, la agricultura ecológica ha sido vagamente reflejada en el texto de Ley y apenas se ha tomado en consideración la existencia de variedades adaptadas a ella y la necesidad de regular la producción y comercio de semillas ecológicas.
En palabras de Rafael Hernández, responsable de Producción Agrícola de COAG, “es necesaria la voluntad del Gobierno para incidir en las negociaciones internacionales de la legislación comunitaria y modificar aquello que obstaculice alguno de estos objetivos. Dada la relevancia del contenido de los documentos que se están elaborando, la interlocución con el sector a iniciativa del Ministerio de Agricultura debería haber sido más directa y más estrecha mediante la convocatoria de reuniones a tal efecto”.
Por todo ello, COAG insta a todos los grupos parlamentarios a que estos aspectos sean tenidos en cuenta y debidamente defendidos en los ámbitos de negociación política para que los textos legislativos mencionados no sean aprobados en los términos actuales.
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