3 de febrero de 2005. La Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León ha acordado pedir a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que solicite al Ministerio de Agricultura que aplace hasta la campaña 2006 la aplicación del Sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas (Sigpac).

En opinión de la organización agraria, la normativa comunitaria recoge esta posibilidad en el Reglamento (CEE) nº 3508/92, que establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios (primera referencia legal al actual Sigpac). En concreto, en este texto se señala que los Estados miembros son los responsables de adoptar “las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias” así como “las medidas administrativas, presupuestarias y técnicas” para garantizar la puesta en marcha del sistema, cosa que obviamente, no han hecho ni el Ministerio de Agricultura ni la Comunidad Autónoma, creando una situación de confusión y total indefensión entre los agricultores.

Para ASAJA, el aplazamiento está totalmente justificado en el caso del Sigpac, un sistema que revoluciona la medición, usos y sistemas de explotación de las parcelas, y que ha llegado de forma absolutamente precipitada. No ha sido hasta estos días, en plena campaña de solicitud de la PAC, cuando miles de agricultores de la región han recibido en sus domicilios el sobre en el que se les informa de las características de las parcelas agrícolas que poseen, comparando el anterior sistema catastral con el nuevo, que realiza las mediciones vía satélite.

Según ha constatado ASAJA, “de esquina a esquina de la Comunidad Autónoma en las nueve provincias de la región, los agricultores se han quedado estupefactos: apenas hay un 5 por ciento de casos en los que ambos listados coincidan”. En algunos casos, se trata de pequeñas matizaciones de superficie, de unas pocas áreas; en otros, por el contrario, son ya cantidades estimables. La incertidumbre es total entre los profesionales, que se sienten presionados por la implantación de un sistema que desconocen y, además, por el escaso tiempo que existe para reclamar.

Por ejemplo, un agricultor que se encontrara con que con el Sigpac pierde dos hectáreas hasta ahora reconocidas, se preguntaría si le merece la pena encargar una medición a un técnico especializado (cuyo coste ronda los 240 euros). Aunque éste confirmara que sí posee esas dos hectáreas, el agricultor seguiría dudando sobre el modo correcto de reflejarlo en su PAC, sin saber hasta el último momento si le reconocerán esa superficie.

Los problemas que se están encontrando varían según la orografía y características de las provincias y comarcas. Así, en algunas se constatan numerosos (incluso cientos) de errores en los sistemas de explotación, secano o regadío, reconocidos. En otras, los errores se centran en las mediciones; en el resto, son los usos (por ejemplo, no reconocer a los montes como zona de pastos) los que originan los problemas.

El problema más común en la provincia de Salamanca es el de los errores registrados en los usos que, en la mayoría de los casos, están derivando en una gran confusión ya que los pastos comunales del catastro aparecen en la foto del satélite como uso forestal. La misma equivocación está sucediendo con las tierras anteriormente dedicadas a los cultivos que ahora aparecen como pastos, con lo cual podrían perder las subvenciones al no justificar tal circunstancia. Esta incertidumbre también está salpicando a los ayuntamientos de la provincia pues se verán obligados a modificar el reparto de los pastos comunales aunque no se hayan cumplido los cuatro años. Los cambios en la morfología de las parcelas son otras de las cuestiones que los agricultores y ganaderos están denunciando y la modificación de las mismas sólo se podría realizar a través de un convenio con los linderos.

ASAJA entiende que, dada la trascendencia del tema, el aplazamiento del Sigpac hasta el año que viene permitiría por un lado dar tiempo a los agricultores a reclamar y saber si sus reclamaciones son aceptadas para poder así contar con datos fidedignos para hacer su PAC y, por otro, y no menos importante, daría un margen para que todos los profesionales comprendieran la mecánica de un sistema que (pese a su presunta fiabilidad técnica) se les ha impuesto de un modo precipitado.

De cualquier forma, e independientemente de esta petición que ASAJA hace, sin duda en beneficio de todo el sector, habría que considerar ya una ampliación excepcional del plazo de tramitación de las solicitudes de la PAC. En principio, concluye el día 11 de marzo, a poco más de un mes de hoy, a pesar de que ni siquiera están disponibles los programas informáticos para tramitar las ayudas. Según los cálculos de nuestros equipos de técnicos, si la elaboración de una PAC “tradicional” llevaba en el mejor de los casos y como media dos horas, esta campaña, con los cambios del Sigpac, serán necesarias no menos de cuatro o cinco horas por expediente. Así que, como mínimo, el plazo de la PAC no podría concluir hasta el 31 de mayo, advierte ASAJA.