15.febrer.05. En la reunión celebrada ayer por el Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA) se debatió un informe que había sido aprobado previamente por la Comisión Permanente con relación a determinadas modificaciones de la Ley de Aguas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), votó en contra tanto por motivos de procedimiento como por el contenido de algunos artículos.

UPA considera que el informe sometido a votación no obedece al mandato del Pleno celebrado en septiembre de 2004 ni se corresponde al orden del día de la sesión plenaria, ya que no se ha presentado ningún informe sobre el proyecto de ley que modifica la ley del Plan Hidrológico Nacional.

El citado informe, basado en determinadas modificaciones de la Ley de Aguas se trata de un documento con articulado, en contra de lo solicitado por el pleno del CNA ya que debería tratarse exclusivamente de comentarios sobre la oportunidad y alcance de los cambios propuestos, tal y como se plasma en el acta de la sesión del pleno de septiembre.

UPA no es miembro de la Comisión Permanente, habiendo participado sólo en calidad de invitado y de manera rotatoria con el resto de organizaciones agrarias. UPA entiende que ante un informe en forma articulada se debería haber planteado antes al Pleno y abrir un período de observaciones sobre la base de esa propuesta de articulado sobre el que pudieran haber participado todos los miembros del CNA.

UPA reclama una revisión de la Ley de Aguas en profundidad, por lo que o se modifica de manera urgente exclusivamente los aspectos relativos a la interrelación de la modificación de la ley del PHN, o de abordarse más cambios se deberían introducir entre otras cuestiones la supresión de los artículos relativos a la compra-venta de derechos de concesión, la reforma de las confederaciones hidrográficas y la puesta en marcha de los bancos públicos del agua.

En cuanto al principio de recuperación de costes, aunque al final se ha logrado posponer su implantación y permitir estudiar las excepcionalidades que permite la Directiva Marco de aguas, la introducción en el debate en estos momentos ha generado gran preocupación en el sector ya que sobre la base de los nuevos planteamientos de la Política Agraria Común (PAC), es imprescindible reducir los costes de producción para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.