La Coordinadora Agraria COAG de Castilla y León valora positivamente la Propuesta de Resolución que ha adoptado la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en relación a la Comunicación de la Comisión Europea del 14 de julio de 2004, por la que se presentaba la futura reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del Azúcar.

En su Propuesta de Resolución, que será debatida y, previsiblemente, aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo en el próximo mes de marzo, se incluyen recomendaciones a la Comisión para que revise en profundidad la reforma presentada, haciéndola más compatible con el mantenimiento de la producción remolachera y azucarera en todas las zonas de la Unión. El Parlamento critica que las medidas contempladas por la Comisión exceden ampliamente las que serían necesarias para el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales de la UE.

En este sentido, el Paramento se manifiesta a favor de una reducción sensiblemente inferior de los precios; rechaza el sistema de precios de referencia y pide que se mantenga el sistema vigente de apoyo a los mismos (intervención) para prevenir desequilibrios graves en el mercado del azúcar. También propone que las pérdidas de renta previsibles se compensen suficientemente.

Respecto a las cuotas, se muestra claramente en contra de la transferencia entre estados miembros. Insta a la Comisión a que considere que “el sistema de transferencia de cuotas propuesto no responde a los objetivos de competitividad, de empleo y de solidaridad comunitaria; lo rechace en la medida en que amenaza a los más débiles, principalmente por la vía de la transferencia de empleos y de una deslocalización inaceptable de las actividades de producción.”

Para el PE, es necesario dotar de un horizonte a la reforma no inferior a 2012, para dar al nuevo sistema una “visibilidad” necesaria para afrontar inversiones. En este sentido, reclama a la Comisión que en las negociaciones de la OMC integren la reforma en curso, y que no se asuman compromisos multilaterales que obliguen a nuevas reformas antes de dicho plazo.

Respecto a los países en vías de desarrollo, el PE pide insistentemente a la Comisión que escuche las reivindicaciones de los estados ACP y los PMA, y reglamente instrumentos de control cuantitativo para contingentar las importaciones de estos países, a cambio de garantizarles unos precios remuneradores.

Entre otras recomendaciones, el PE también dice que “la UE tiene la responsabilidad moral de vigilar que las reformas que acometa no favorezcan el tipo latifundista no sostenible de producción azucarera vigente en Brasil.”

Para la Coordinadora Agraria COAG de Castilla y León, los términos de la resolución que adoptará el Parlamento dejan en evidencia a la Comisión Europea, que debe realizar un profunda reflexión y abandonar su empecinamiento en querer ser “la primera de la clase” en la OMC, a costa de sacrificar el tejido productivo azucarero de la UE, empezando por las zonas más sensibles, como es el caso de España.

La Coordinadora Agraria COAG considera que aún estamos a tiempo de que la Comisión reoriente su reforma de acuerdo a las siguientes líneas:

– Mantenimiento de los precios de la remolacha y del azúcar en los niveles actuales. Las ofertas liberalizadoras de la Ronda de Doha no justifican la dimensión de las reducciones propuestas, ya que de abordarse una reducción arancelaria del 36%, el precio de acceso resultante para el azúcar se situaría sobre los 520 €/tm, mientras que la propuesta de la Comisión prevé una reducción hasta 421 €/tm,

– Descartar el establecimiento de ayudas como instrumento de mantenimiento de rentas y apostar por el precio como medio de remunerar la producción. La propuesta de compensar con ayudas la reducción de precios es contraria al argumento de ahorro presupuestario que maneja la Comisión. El sector agrícola no desea estar subsidiado ni depender de ayudas públicas, sino que busca un precio que remunere suficientemente la remolacha; pero manteniendo el sistema de intervención pública como única manera de garantizar la estabilidad de los precios, descartando la idea del sistema de almacenamiento privado.

* Mantenimiento de las cuotas A y B de azúcar, intransferibles entre Estados miembros. El consumo interior de azúcar de cada país debe ser la referencia para establecer las cuotas A de producción. Concentrar las eventuales reducciones de cuota exclusivamente sobre el azúcar B, que es la que genera distorsiones en el mercado y ha sido objeto de restituciones a la exportación.

* Incremento de cuota en aquellos países con un déficit de cuota respecto al consumo, como es el caso de España y mantenimiento de las cuotas de azúcar en manos de los Estados miembro, evitando el trasvase de cuota de unos a otros, según las disposiciones actuales.

* Restricción de las importaciones cuando los parámetros de calidad no superen los mínimos establecidos en la UE y cuando los procesos a los que se someta al cultivo y al producto transformado no se ajusten a lo permitido en la Comunidad. Las nuevas exigencias de trazabilidad deben operar también sobre las importaciones de azúcar en la UE.