Palencia, 16 de mayo de 2005.- COAG Coordinadora Agraria exige a los responsables políticos que llevarán el peso de la negociación de la futura Organización Común del Mercado del Azúcar, Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, y José Valín, Consejero de Agricultura de Castilla y León, la máxima firmeza para defender el interés del sector remolachero-azucarero español, cuyo futuro está en juego en la reforma citada. Precisamente con el objeto de preparar la estrategia española de cara a esta negociación, el próximo miércoles se celebrará una reunión entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas donde existe el cultivo de remolacha.

Recordemos que las líneas de reforma presentadas por la Comisión Europea en el mes se julio de 2004 conllevarían una reducción del 44% del precio de la remolacha para los cultivadores de nuestro país, la reducción de las cuotas y la posibilidad de transferirlas a otros Estados de la UE. La consecuencia sería la deslocalización del cultivo hacia las regiones más competitivas del Centro y Norte de Europa y la desaparición del cultivo en España.

En este sentido, COAG Coordinadora Agraria considera imprescindible que la Comisión Europea, si quiere preservar la producción de azúcar en todas las zonas de la Unión, introduzca en su reforma las medidas contempladas en la Resolución del Parlamento Europeo de marzo pasado, que rechazó el sistema de precios de referencia y pidió que se mantenga el sistema vigente de apoyo a los mismos (intervención) para prevenir desequilibrios graves en el mercado del azúcar. También propuso que las pérdidas de renta previsibles se compensen suficientemente a los productores. Respecto a las cuotas, se mostró claramente en contra de la transferencia entre estados miembros. Instó a la Comisión a que considere que “el sistema de transferencia de cuotas propuesto no responde a los objetivos de competitividad, de empleo y de solidaridad comunitaria; lo rechace en la medida en que amenaza a los más débiles, principalmente por la vía de la transferencia de empleos y de una deslocalización inaceptable de las actividades de producción.” Entre otras recomendaciones, el PE también dice que “la UE tiene la responsabilidad moral de vigilar que las reformas que acometa no favorezcan el tipo latifundista no sostenible de producción azucarera vigente en Brasil.”

Por otra parte, COAG Coordinadora Agraria de Castilla y León observa con preocupación como se están lanzando mensajes catastrofistas en el sentido de que el fallo de la OMC obligará a endurecer las condiciones de la Propuesta de Reforma de la OCM que se presentará el próximo mes de junio. Nada más lejos de la realidad, ya que esta decisión era posible e incluso esperada, y la propia Comisión la tuvo en cuenta a la hora de presentar su Comunicación de julio del año pasado. Para nuestra Organización, detrás de estos mensajes
existe algún tipo de interés en justificar unas medidas más drásticas de las actualmente barajadas, que incluirían una mayor rebaja de precios y cuotas.

La confirmación del fallo del Pánel, ya esperada, no ha tenido en cuenta las reclamaciones de la UE y ha condenado la exportación de azúcar C, que se realiza sin ningún tipo de ayuda, aunque la OMC ha apreciado que está “subsidiada indirectamente”. La OMC muestra una doble moral al condenar a la UE, cuando las ayudas indirectas o encubiertas son precisamente práctica habitual entre los países que interpusieron la demanda, como el programa del Alcohol” de Brasil, o cuando no cuestiona el dumping social y medioambiental en que la producción azucarera se realiza en dichos países.

Respecto a los países en vías de desarrollo, la Comisión debe escuchar las reivindicaciones de los estados ACP y los PMA, y reglamentar instrumentos de control cuantitativo para contingentar las importaciones de estos países, a cambio de garantizarles unos precios remuneradores. Por cierto, que el “desarrollo” de estos países era una de las coartadas utilizadas por la Comisión para justificar sus propuestas, aunque estos mismos países han subrayado lo equivocada que resulta esta tesis, puesto que, dado que los importes que ellos perciben por el azúcar que introducen en el mercado comunitario tiene como referencia el precio interno comunitario del azúcar, una bajada de estas cotizaciones supondría un descenso idéntico en los precios de su mercancía.

Además, hay que hacer valer que la OMC no ha cuestionado en ningún momento los precios internos del azúcar de la UE, y que tanto el Parlamento Europeo y el CESE, así como los países ACP y los PMA, además de la totalidad del sector remolachero-azucarero de la UE, han criticado con dureza y han rechazado que la Comisión plantee una reducción tan sustancial de los mismos, duplicando la que sería necesaria para cumplir los compromisos internacionales de la Unión.

Para COAG Coordinadora Agraria, en ningún caso la Reforma del sector azucarero debe implicar una reducción de los precios de la remolacha tipo A, que es la común en España, porque esta reducción perjudicaría a los países que, como es nuestro caso, son deficitarios en este cultivo y que, por lo tanto, no suponen gasto a las arcas comunitarias vía exportaciones bonificadas, lo que además evita distorsiones en el mercado. La bajada de precios no beneficia a productores internos ni a los de países en vías de desarrollo, tampoco favorece a los consumidores, que no tendrán mejores precios pero sí dudas sobre la procedencia y la calidad del azúcar que consumen; sólo sería muy positiva para la industria de bebidas refrescantes y snacks, cuyo potente lobby internacional presiona para bajar los precios de sus materias primas.

En todo caso, una eventual reducción de precios, si se produjera, debería ser compensada a los remolacheros suficientemente; ahora bien, COAG Coordinadora Agraria rechaza rotundamente que tal compensación se otorgue de forma desacoplada de la producción, porque esto va en contra de la profesionalidad y favorece el absentismo. COAG a nivel del estado y Coordinadora Agraria en Castilla y León han manifestado claramente su rechazo total y absoluto al desacoplamiento para todos los sectores, y tanto más para un sector como el remolachero, que se ha caracterizado precisamente por el alto nivel de profesionalidad de los cultivadores.

Si la parte atacada por la OMC son las exportaciones, será necesario actuar sobre la gestión de la oferta de azúcar de la Unión, que en todo caso no puede basarse en un recorte lineal de cuotas, sino en una adecuada gestión del sistema, adaptando las cuotas de cada estado, intransferible entre éstos, a su consumo interno, lo que posibilitaría el mantenimiento de la producción en todos los territorios, y centrar las reducciones precisas sobre quienes producen cantidades muy por encima de dicho consumo.

La Coordinadora Agraria COAG considera que aún estamos a tiempo de que la Comisión reoriente su reforma de acuerdo a las siguientes líneas:

– Mantenimiento de los precios de la remolacha y del azúcar en los niveles actuales. Las ofertas liberalizadoras de la Ronda de Doha no justifican la dimensión de las reducciones propuestas, ya que de abordarse una reducción arancelaria del 36%, el precio de acceso resultante para el azúcar se situaría sobre los 520 €/tm, mientras que la propuesta de la Comisión prevé una reducción hasta 421 €/tm,

– Descartar el establecimiento de ayudas como instrumento de mantenimiento de rentas y apostar por el precio como medio de remunerar la producción. La propuesta de compensar con ayudas la reducción de precios es contraria al argumento de ahorro presupuestario que maneja la Comisión. El sector agrícola no desea estar subsidiado ni depender de ayudas públicas, sino que busca un precio que remunere suficientemente la remolacha; pero manteniendo el sistema de intervención pública como única manera de garantizar la estabilidad de los precios, descartando la idea del sistema de almacenamiento privado.

* Mantenimiento de las cuotas A y B de azúcar, intransferibles entre Estados miembros. El consumo interior de azúcar de cada país debe ser la referencia para establecer las cuotas A de producción. Concentrar las eventuales reducciones de cuota exclusivamente sobre el azúcar B, que es la que genera distorsiones en el mercado y ha sido objeto de restituciones a la exportación.

* Incremento de cuota en aquellos países con un déficit de cuota respecto al consumo, como es el caso de España y mantenimiento de las cuotas de azúcar en manos de los Estados miembro, evitando el trasvase de cuota de unos a otros, según las disposiciones actuales.

* Restricción de las importaciones cuando los parámetros de calidad no superen los mínimos establecidos en la UE y cuando los procesos a los que se someta al cultivo y al producto transformado no se ajusten a lo permitido en la Comunidad. Las nuevas exigencias de trazabilidad deben operar también sobre las importaciones de azúcar en la UE.