Hace veinte años se firmó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, hecho que ha cambiado completamente el paisaje económico y social de nuestro país. Y creo que es de justicia reconocer que el balance general ha sido positivo, aunque el sector agrario español fue el que tuvo que hacer mayores esfuerzos.

Sirvan estas líneas para expresar mi reconocimiento a la tarea impagable que Eduardo Perea, gran amigo, mejor persona y maestro en negociaciones europeas, llevó desde incluso antes de nuestra incorporación, en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles ante Europa. Un fuerte abrazo, Eduardo.

Desde nuestra entrada en la CEE hasta nuestros días, la agricultura europea ha sufrido serios cambios, graves crisis y profundas reformas. Nuestra adhesión estuvo marcada con la aplicación de los estabilizadores agropresupuestarios, tasas de corresponsabilidad y supertasas. Tuvimos que pagar, sin haber tenido culpa, los excedentes de producción de otros países.

Después, en el 92 se produce la primera gran reforma, la reforma Mc Sharry, en donde se introduce el pago por hectárea, que sustituye al precio por Tonelada realmente producida y empieza a gestarse lo que luego vendría a llamarse el segundo pilar de la PAC, el Desarrollo Rural. Los años siguientes fueron marcados por la crisis alimentaria provocada por la Encefalopatía Espongiforme Bovina, más conocida como la crisis de las vacas locas, posiblemente la más graves que ha tenido la UE y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

La Agenda 2000 viene a reforzar los principios de la reforma del 92, y sin apenas darle tiempo a funcionar, el Comisario Fischler presenta una revisión intermedia que, en realidad, esconde la más profunda de las reformas que jamás haya tenido la PAC. Términos como modulación, desacoplamiento, pago único y asesoría medioambiental se “cuelan” en nuestra terminología y en nuestro diccionario de uso diario.

Y, a pesar de todas estas crisis, de todas estas reformas, los agricultores y ganaderos nos hemos ido adaptando, no sin esfuerzo, a los cambios. Hoy nos encontramos con un reto que va más allá del ámbito agrícola, pero que sus efectos serán transcendentales para la profesión agraria.

Este reto no es otro que el debate sobre las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013. Los estados contribuyentes netos quieren rebajar su aportación al presupuesto comunitario hasta el 1 % de la Renta Nacional Bruta. Esto solo puede dar lugar a una reducción de los fondos agrarios o una renacionalización parcial de la PAC. Hay que recordar que cada punto porcentual de disminución del presupuesto agrario representa un recorte de unos 10.000 millones de Euros.

La tentación de utilizar una decisión favorable a las propuestas de los paises más reticentes y menos europeístas como bálsamo para curar las heridas del rechazo al Tratado de la Constitución Europea por parte de Francia y Holanda y salvarse del euro escepticismo ahora reinante es sumamente perjudicial para España en su conjunto y para nuestra agricultura en particular.

Ante esta perspectiva, es fundamental que en la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, nuestro presidente Rodríguez Zapatero se muestre firme, apoyando la propuesta de la Comisión y rechazando, si es necesario hasta llegar al veto, las presiones de los Estados miembros que quieren reducir el presupuesto comunitario, mientras que las exigencias de producción son cada vez mayores y la competencia de países terceros, que no tienen que cumplir nuestros requisitos en materia medioambiental, de bienestar animal, de practicas productivas y de alta protección social, es mayor. No es posible hacer más Europa con menos presupuesto.