Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «No existe alternativa a una reforma profunda. Lo más fácil sería cruzarse de brazos, pero esto significaría una muerte lenta y dolorosa para el sector europeo de azúcar. Estoy convencida de que los productores de azúcar de la UE tienen un futuro competitivo, pero sólo si actuamos ahora y de manera decidida para prepararlos ante los retos que les esperan. Estamos ofreciendo perspectivas estables, programadas y a largo plazo, así como un fondo generoso de reestructuración para alentar a los productores menos competitivos a abandonar el sector y a hacer frente a los efectos sociales y medioambientales del proceso de reestructuración. Y mantendremos nuestras preferencias por nuestros proveedores tradicionales del mundo en vías de desarrollo. Nuestro mercado del azúcar seguirá siendo atractivo para algunos de ellos.»

El Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, ha declarado: «Comprendemos plenamente que la reforma del azúcar de la UE representa un importante desafío para muchos de nuestros socios ACP. El régimen de ayuda propuesto les facilitará una transición sin problemas, en el marco de una estrategia local de desarrollo sostenible».

Justificación de la reforma

Tras las reformas de la PAC de 2003 y 2004, ahora ha llegado el momento de ajustar el régimen del azúcar al planteamiento ya adoptado en otros sectores. La reforma del azúcar debe tener debidamente en cuenta la renta de los agricultores, los intereses de los consumidores y la situación de la industria de transformación. La reforma debe estimular la competitividad del sector azucarero europeo, mejorar su ajuste al mercado y facilitar un equilibrio sostenible del mercado conforme a los compromisos internacionales de la UE.

La Comisión ha estudiado el mercado del azúcar con detalle y se ha consultado a la mayor variedad posible de partes interesadas. Sus evaluaciones del impacto han demostrado claramente que el mantenimiento de la situación actual es insostenible. Sin una reforma, habría que reducir drásticamente las cuotas de manera uniforme, con lo que los productores más competitivos serían los afectados más duramente y se llegaría a una situación muy difícil.

Se debe ofrecer a los productores europeos una certidumbre a largo plazo sobre las normas que deben seguir. Por ello, la propuesta de reforma establece el marco económico y jurídico para el sector europeo del azúcar hasta 2014-2015, sin que se prevea una cláusula de revisión. La Comisión propone un importante recorte de precios en dos fases, junto con un generoso fondo de reestructuración con una duración de cuatro años. Este fondo tiene tres objetivos principales: en primer lugar, facilitar incentivos para estimular a los productores menos competitivos a abandonar el sector; en segundo lugar, proporcionar dinero para hacer frente a los efectos sociales y medioambientales del cierre de las fábricas (financiación de planes sociales o de programas de recolocación y medidas de rehabilitación de los emplazamientos para recuperar sus buenas condiciones medioambientales), y, en tercer lugar, asignar fondos a las regiones más afectadas para que creen nuevas empresas en conjunción con los fondos estructurales y de desarrollo rural comunitarios.

Un régimen de ayuda a los países ACP

También se debe prestar atención a las necesidades de desarrollo de los países de África, el Caribe y el Pacífico, para los que Europa ha sido tradicionalmente un mercado crucial. Tras la reforma, Europa seguirá siendo un mercado atractivo para parte de los países que tienen garantizado el acceso al mercado de la UE en virtud del Protocolo del azúcar.

No obstante, la Comisión también propone un régimen de ayuda a los países de África, el Caribe y el Pacífico que exportan tradicionalmente azúcar a la UE. Reconoce que la reforma representa un desafío importante no sólo para los productores de remolacha y azúcar de la UE, sino también para muchos proveedores de los países ACP. Para responder a las diversas situaciones de los distintos países, el régimen de ayuda de la Comisión propone una amplia gama de medidas sociales, económicas y medioambientales.

En virtud del Protocolo del azúcar, dieciocho países ACP exportan azúcar a la UE y pueden resultar afectados por las reducciones de precios en el mercado comunitario. El compromiso de la Comisión de ayudarlos en el proceso de adaptación se incluyó en su Comunicación de julio de 2004 y se amplió en un «plan de acción» presentado en enero, como base para el diálogo con los países ACP.

La Comisión propone empezar a aplicar el régimen de ayuda ya en 2006, porque unas inversiones tempranas en estos países multiplicarán las posibilidades de un ajuste con éxito.

Como la complejidad de los procesos de reestructuración y diversificación exige un esfuerzo continuo, la ayuda de 2006 debe integrarse en un régimen de ocho años. Se ha asignado un presupuesto inicial de 40 millones de euros en 2006. Se garantizará una ayuda a más largo plazo en el período comprendido entre 2007 y 2013.

En vista de las diferencias entre los países ACP, se ofrece una gran variedad de formas de apoyo, que deben adaptarse en cada país a las necesidades señaladas por los interesados e integrarse en una estrategia a largo plazo, global y sostenible. Los tipos de ayuda se han planeado prestando especial atención a la eficacia de la aplicación.

Detalles de la propuesta de reforma comunitaria del azúcar

Un recorte de los precios de un 39 % durante dos años a partir de 2006/07 para garantizar un equilibrio sostenible del mercado.

Compensación a los agricultores hasta el 60 % del recorte de los precios. Inclusión de esta ayuda en el pago único por explotación y dependencia de los pagos del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de ordenación del territorio.

Validez del nuevo régimen, incluida prórroga del régimen de cuotas del azúcar, hasta 2014/15. Sin cláusula de revisión.

Fusión de las cuotas «A» y «B» en una única cuota de producción.

Supresión del sistema de intervención y sustitución del precio de intervención por un precio de referencia.

Establecimiento de un régimen de almacenamiento privado como una red de seguridad en caso de caída del precio de mercado por debajo del precio de referencia.

Régimen de reestructuración voluntario, con una duración de cuatro años, para los fabricantes de azúcar y los productores de isoglucosa y jarabe de inulina de la UE, consistente en un alto pago decreciente para fomentar el cierre de fábricas y la renuncia a la cuota y para hacer frente a los efectos sociales y medioambientales del proceso de reestructuración.

Este pago será de 730 euros por tonelada en el primer año, de 625 en el segundo, de 520 en el tercero y de 420 en el último.

Un pago complementario a los productores de remolacha afectados por el cierre de fábricas en el primer año para las que tengan derechos de entrega.
Ambos pagos se financiarán mediante una exacción decreciente sobre los titulares de la cuota, con una duración de tres años.

La remolacha azucarera se acogería a los pagos por retirada de tierras cuando se cultive con fines no alimentarios y también podrá beneficiarse de una ayuda a los cultivos energéticos por un importe de 45 euros por hectárea.

Para mantener cierta producción en los actuales países productores de azúcar «C», se contemplará una cantidad adicional de un millón de toneladas contra un pago único correspondiente al importe de la ayuda de reestructuración por tonelada en el primer año.

El azúcar destinado a las industrias química y farmacéutica y a la producción de bioetanol se excluirá de las cuotas de producción.

Aumento gradual a lo largo de tres años de la cuota de isoglucosa en 300 000 toneladas para las empresas productoras existentes, con un aumento de 100 000 toneladas cada año.