La ley, la legalidad, la normativa vigente, muchas veces es utilizada por gobernantes incompetentes para intentar salvar su propia incompetencia.

Y el pueblo, con el sentido común que suele ser su única razón, se levanta contra este tipo de decisiones: totalmente ajustadas a derecho, absolutamente legales, pero profundamente injustas. Porque el pueblo sabe que las leyes son un instrumento que la sociedad se da para su mejor gobierno, y que leyes que fueron buenas en su día al cabo de los años quedaron obsoletas y que la ley es sagrada si defiende el interés general, pero si su aplicación es fuente de conflicto social y de enfrentamiento entre regiones, esa ley ya no sirve a la sociedad y hay que derogarla.

La ley podrá permitir que se trasvasen 82 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hasta el Levante, pero el sentido común lo desaconseja, porque estamos en un año de extrema sequía, porque en España las sequías son cíclicas y duran varios años, porque la cuenca cedente es prioritaria en el uso del agua y pueblos ribereños a los embalses de Entrepeñas y Buendía sufren restricciones en el abastecimiento y están viendo como se hunde en el cieno el sector turístico de su zona, porque para consumo humano es suficiente con 35 hm3, porque en Murcia existen miles de balsas que tienen mas agua acumulada que la que queda en los embalses de cabecera del Tajo, porque no se puede basar el futuro de una región en la hipoteca y la ruina de otra, porque el problema de desequilibrio hídrico que sufre España no puede depender de decisiones partidistas.

La decisión del gobierno Zapatero será legal, pero es injusta porque no persigue garantizar el abastecimiento humano de las regiones, porque no se toma con el fin de procurar la viabilidad de la agricultura y de las demás actividades económicas, sino que es solo un parche que permita nuevos trasvases en el otoño.

La ministra Narbona se equivoca cuando dice que la decisión de trasvasar 82 hm3 a Levante es justa porque no ha satisfecho ni a unos ni a otros. Esta decisión no es justa porque antepone los intereses de una región a los de otra, porque condena a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a la sequía y al abandono de las tierras y a la emigración y al desarraigo.

Lo justo y lo necesario es que de una vez por todas se alcance un acuerdo, un pacto nacional del agua, que se afronte el problema hídrico de España en su integridad, y que se adopten medidas y soluciones no condicionadas ni contaminadas por políticas rastreras de partido o de nacionalismos trasnochados.

Este pais necesita urgentemente un Plan Hidrológico Nacional que armonice sin demagogias las necesidades y los recursos, porque el agua es tan necesaria para vivir como el aire que respiramos, como los alimentos, y todo el mundo sabe que con las cosas de comer no se juega.

En este año del cuarto centenario de la publicación del Quijote queremos señalar que Don Quijote anteponía la libertad a la legalidad, por eso liberó a la cuerda de condenados a galeras, porque sabía que el hombre libre es el que puede ejercer todos sus derechos. Por eso sería bueno que resucitase Don Quijote, para que, en una cuarta salida, desfaciera este entuerto y devolviera a este pueblo el derecho al agua que es el derecho al progreso y al desarrollo, el derecho a un futuro digno.

Si hoy volviera Don Quijote no lucharía contra los molinos, sino contra un acueducto que intenta perpetuar una injusticia que ya dura muchos años.