Toledo, 10 de agosto de 2005.- Desde hace quince días cientos de agricultores con pozos, legales o ilegales, ubicados en la zona del Alto Guadiana, acuíferos 19, 23 y 24, están recibiendo expedientes sancionadores con multas que van desde los 6.000 hasta los 600.000 euros (es decir, desde uno hasta cien millones de pesetas). Este bombardeo de sanciones está generando una enorme indignación y crispación social en todo el sector agrario de la región ya que se pone de manifiesto el engaño que se ha producido por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ministerio de Medioambiente.

El pasado 29 de junio, dos días antes de que todo el sector agrario se manifestara en Ciudad Real en demanda de agua, el Director General del Agua del Ministerio de Medioambiente, Jaime Palop, prometió una moratoria en las actuaciones sancionadoras de la CHG mientras durara la sequía y en tanto no se estableciera un marco “global de actuación concertada con las administraciones y agentes sociales implicados en el Plan Especial del Alto Guadiana”.

Para llegar a un buen clima de negociación, el Director General del Agua sostenía que era imprescindible rebajar la crispación social, para lo que pedía la colaboración de las Organizaciones Agrarias, sin embargo cada día llegan mas multas a los agricultores de todos los pueblos ubicados dentro de la zona del Alto Guadiana.

Para ASAJA de Castilla-La Mancha es evidente que la prometida moratoria en las actuaciones sancionadoras solamente pretendía quitarle fuerza a de la manifestación, que coincidía con el Consejo de Ministros que acabó autorizando el trasvase de otros 82 hm3 desde el Tajo hasta el Segura, y evitar, así, que se produjeran incidentes graves con mas de 15.000 agricultores manifestándose ante las puertas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

ASAJA denuncia que esta actuación sancionadora y el incumplimiento de lo prometido por parte del Ministerio de Mediaoambiente está generando una enorme conflictividad social, que se agudiza en un año en que los campos sufren la mas dura sequía desde 1947. Y mientras agricultores y ganaderos ven como sus explotaciones van directas a la ruina, las multas y sanciones se acumulan y el prometido Plan Especial del Alto Guadiana arrastra un enorme retraso.

A fecha de hoy, la Confederación Hidrográfica del Guadiana solo ha presentado un primer borrador de Plan Especial que supone un verdadero atropello para el sector agrario de esta región, ya que va dirigido a eliminar la agricultura de regadío tal y como está concebida en la actualidad, pisoteando los derechos adquiridos de propiedad privada de los regantes. Un borrador de PEAG que pretende reducir las extracciones de agua e incluso eliminarlas, sin contemplar medidas económicas compensatorias de rentas, sin contemplar medidas eficaces de recarga de los acuíferos, ni medidas que garanticen un futuro sostenible para la población afectada.

Este Borrador tampoco intenta buscar soluciones para el verdadero problema que suponen la existencia de mas de 22.000 pozos irregulares en el Acuífero 23, para los que los dirigentes de la CHG solo ven un camino: el cierre y las multas de hasta 600.000 euros. En definitiva, un Borrador de Plan Especial del Alto Guadiana que niega el futuro a la población que vive en la zona del Alto Guadiana, a la que el Comisario de Aguas, Ramón Gallego, aconseja que haga lo mismo que los patos cuando en un territorio ya no encuentran lo que necesitan: emigrar donde corra el agua.