Mérida, 27 de septiembre. La aplicación del pago único por explotación va a suponer una “reforma de gran calibre en el campo” y va a llevar aparejada “una reconversión de la agricultura tradicional”, según opinó en Mérida el técnico de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Antonio Catón.

Catón intervino en una mesa redonda con motivo de las Jornadas de Integración Cooperativa que organiza Unexca y explicó que el Reglamento de Pago Único “tiene una dificultad para las cooperativas porque está dirigido a los agricultores, y no a los cooperativistas”.

“Va a suponer una reforma de tal calibre en la concepción de la agricultura que va a suponer una reconversión de la agricultura tradicional, un aspecto en el que las cooperativas tenemos mucho que ver”, puntualizó. El técnico de la CCAE dijo que la razón de ser de una cooperativa es que existan agricultores con producción, ya que si no existe este factor fundamental, el mundo cooperativo no tendría sentido. Antonio Catón se mostró partidario de buscar alternativas a los cultivos tradicionales para paliar, en la medida de lo posible, la crisis de muchos sectores del campo español.

El Jefe de Área de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Jorge Sainz Elías, explicó que el pago único comenzará a aplicarse en 2006 y recordó a los profesionales del campo que tienen que solicitar la admisión al Régimen de Pago Único, además de tramitar una solicitud del pago único. El agricultor o ganadero que no solicite la admisión al Régimen de Pago Único quedará fuera del sistema. Inicialmente está previsto que la fecha de solicitud esté comprendida entre el 1 de enero y la segunda semana de marzo.

Sainz Elías informó que habrá una reserva nacional que asignará derechos a los agricultores que se encuentren en situación especial de acuerdo a lo que determina la reglamentación comunitaria. La gestión del pago único será competencia de las comunidades autónomas, que se encargarán de verificar los datos y de establecer el pago como cualquier otra ayuda. El representante ministerial dejó claro que el pago se realizará a partir del 1 de diciembre del año en el que se presenta la solicitud y siempre antes del 30 de junio del año siguiente.

El miembro del Gabinete de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Francisco Martínez Arroyo, intervino en otra mesa redonda en la que explicó que el Decreto de Condicionalidad, ya en vigor, determinará los requisitos mínimos que deben reunir los solicitantes desde el punto de vista medio ambiental. También explicó que habrá equipos de asesores encargados de explicar a los profesionales de la agricultura y ganadería el cumplimiento de los requisitos.