Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- La Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha presentado sus alegaciones al Decreto de Sequía presentado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través del cual se establecen los mecanismos y procedimientos por los que se regirá la Cuenca en situación de sequía. En sus sugerencias y comentarios, Feragua admite la reasignación de recursos a usos de abastecimiento, en caso de sequía, pero exige que esta reasignación se produzca siempre en el marco de la ley y por tanto acompañada de las correspondientes compensaciones económicas para el regadío.

Asimismo, el representante de la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía informó de los acuerdos adoptado por la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado jueves 17 de noviembre, en relación al posible anuncio de restricciones de agua para regadío.

“La mayor garantía que debe conferirse al abastecimiento no exime a los beneficiarios de dicha garantía, de su obligación de indemnizar económicamente a los perjudicados, por el lucro cesante, en el caso de que se produzcan las citadas reasignaciones”, ha explicado hoy en rueda de prensa el presidente de Feragua, José Fernández de Heredia, quien ha agregado que “dicha indemnización está recogida en la vigente Ley de Aguas y, en defecto de acuerdo entre las partes, debe ser determinada y facilitada por el Organismo de Cuenca”.

En este sentido, el presidente de Feragua ha exigido a las administraciones que activen de manera inmediata las dos figuras que la Ley de Aguas contempla para el intercambio de recursos entre usuarios, la cesión de derechos y el Banco Público de Aguas, y ha mostrado la predisposición del regadío en colaborar con las administraciones para posibilitar la articulación de los citados mecanismos legales. Estos mecanismos permiten la cesión temporal de los derechos de las aguas entre concesionarios con una compensación económica pactada entre las partes, posibilitando la disponibilidad del agua a los usuarios con mayor capacidad de pago – ya sean abastecimientos, industrias o regantes- y la supervivencia económica de los usuarios que cedan el recurso.

Asimismo, Feragua ha solicitado a la CHG, que como colectivo mayor demandante de agua en la cuenca y que más sufre las consecuencias de las sequías, se aumente a 4 miembros la representación del regadío en la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, al igual que se ha aprobado en la Cuenca del Segura. En este sentido apela al Principio de Igualdad de la Constitución y a la gran diversidad y extensión del regadío de la cuenca del Guadalquivir.

También, Feragua ha mostrado su disconformidad con varios aspectos del Proyecto de Decreto de Sequía, en particular, con la facultad de que la Junta de Gobierno tenga capacidad para modificar los criterios de prioridad para la reasignación de recursos a los distintos usos del agua, algo que entiende contraria a la Ley de Aguas; con el escaso plazo de audiencia de 5 días a los afectados por tramitación de procedimientos de modificación de condiciones de la utilización del recurso que causa indefensión a los afectados; y con la gran desproporcionalidad del régimen sancionador propuesto, que permitiría multas desde 300.000 euros a 600.000 euros, por incumplir alguna de las condiciones impuestas por el Decreto.

José Fernández de Heredia ha apelado a la responsabilidad de las administraciones, y de quienes ostentan cargos públicos vinculados a la política hidráulica, “para no propiciar el enfrentamiento y la confrontación de intereses entre el abastecimiento y el regadío”. “Consideramos un deber de nuestros representantes evitar cualquier tipo de manifestación que pueda conducir a la ciudadanía a la conclusión injusta y demagógica de que el regadío sustrae agua al abastecimiento, cuando con carácter más general y periódico, quienes sufren restricciones, son los regantes en beneficio de los abastecimientos”, ha manifestado el presidente de Feragua, que se ha mostrado molesto con algunos comentarios recogidos en los medios de comunicación procedentes de distintos cargos públicos. “A nuestros representantes políticos habría que recordarles que si se hubieran ejecutado ya los embalses previstos por el Plan Hidrológico Nacional en la Cuenca del Guadalquivir y las administraciones hubieran paralizado las nuevas demandas de riego de la última década, en la actualidad no habría debate alguno sobre restricciones, ya que el agua tanto para abastecimiento como para riego estaría garantizada para un período mínimo de tres años”, ha declarado Fernández de Heredia.

El presidente de Feragua ha recordado además que “el regadío devuelve los beneficios que recibe del uso de agua para riego a través de la aportación de una actividad económica que en el caso del regadío del Guadalquivir se eleva a más de 3.000 millones de euros anuales; de una generación de empleo, que puede cifrarse, considerando el complejo agroindustrial, en más de 128.000 puestos de trabajo directos al año en nuestra Cuenca; y de unos beneficios ambientales incalculables en forma de aportación de a la atmósfera y captura de CO2, de lucha contra la erosión mediante la cobertura vegetal, y de conservación del paisaje”. “Dicho de forma más escueta, el regadío del Guadalquivir transforma el agua que consume en un 6% del VAB de la Cuenca y en un 7% del empleo total”, ha apostillado.

Los representantes del regadío andaluz han advertido además que si las restricciones impidieran al regadío dejar de usar agua durante un año, Andalucía perdería más de 5.000 millones de euros de facturación y más de 165.000 empleos directos, y cientos de localidades que viven del regadío se verían abocadas a la pobreza y posiblemente a la despoblación. “Por todo ello, cualquier restricción de riego debe realizarse de forma responsable, teniendo en cuenta no sólo el daño causado al sector del regadío, que debe ser compensado económicamente, sino también los perjuicios globales, sociales, económicos, demográficos y medioambientales, que se ocasionan al territorio y la población andaluza”, ha explicado Fernández de Heredia.