Barcelona, 2 de febrero de 2006).Un grupo de cinco científicas españolas solicitó ayer una mayor conexión entre las empresas privadas y las entidades de investigación pública y universidades, con el objetivo de que los logros alcanzados puedan generar beneficios para los dos tipos de entidades. Así lo expresó la presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), Cristina Garmendia, durante un almuerzo de prensa organizado por la Fundación Antama ayer miércoles 1 de febrero en Barcelona. En este debate participaron también en el que profesora del Centro de Biología Molecular la doctora Margarita Salas, reconocida internacionalmente por su trayectoria científica, la filósofa y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona Victoria Camps, la directora del Servicio de Análisis Biológicos Cuantitativos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona, Teresa Esteve, y la investigadora de la unidad de cultivo in Vitro del IRTA (Institut de Recerce y Tecnología Agroalimentaries), Quima Meseguer.

Garmendia afirmó que “la oportunidad es la investigación pública”, por lo que subrayó la importancia de que las empresas firmen contratos con grupos públicos de investigación. Sin embargo, matizó que estos acuerdos tienen que generar un modelo en el que ambas partes “compartan el éxito” ya que, añadió, “la universidad, hoy por hoy, y salvo excepciones, no genera un resultado que sea capaz de producir un negocio de forma inmediata”. “Para ello hacen falta dos o tres años y varios millones de inversión”, añadió. En concreto, puso el ejemplo de la empresa que ella preside, Genetrix, y que se relaciona con la universidad a través de la creación de cátedras de investigación financiadas por la entidad privada.

La presidenta de Asebio defendió la investigación básica para ser “competitivos a nivel internacional”, porque si esto no ocurre, explicó, “no generaremos el conocimiento que nos haga ser singulares”. Por su parte, Margarita Salas ensalzó también esta práctica: “Hagamos investigación básica de calidad, de esta investigación saldrán aplicaciones que redundarán en beneficio de la Humanidad”, sostuvo citando a su maestro, el científico Severo Ochoa. En este sentido, la profesora del Centro de Biología Molecular y miembro de la Real Academia Española explicó que una patente desarrollada por ella misma en 1988, la del ADN-polimerasa, “supone el 50% de todas las royalties del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Las científicas analizaron también el papel de los medios de comunicación en la difusión de la Biotecnología y coincidieron en que “es mucho más fácil” apoyar las investigaciones sobre temas de salud que las referidas al medio ambiente, porque éstas últimas “pueden generar conflicto”, lo que conlleva que la actitud de la opinión pública sea “de defensa”, tal y como se expresó Cristina Garmendia. Por ello, tanto Teresa Esteve como Margarita Salas apostaron por que el científico “salga del cascarón” y adquiera la responsabilidad de contribuir él mismo en la tarea de divulgación, trabajando de forma conjunta con los medios de comunicación. No obstante, Quima Meseguer manifestó un cierto “disgusto o miedo” de la ciencia a que en ocasiones sus palabras puedan ser malinterpretadas por los medios.

Victoria Camps consideró sobre esta materia que ciertos vocablos como clonación o transgénico cargan con una connotación negativa y que “llega un momento en el que la gente oye la palabra y la rechaza”, fenómeno en el que también influye, en su opinión, “unos movimientos sociales que presionan mucho”, como los ecologistas. Rechazó la tendencia de cambiar de una “ética antropocéntrica” a otra “eco o biocéntrica”, puesto que “el sujeto de la ética no es la naturaleza”, sino el ser humano, añadió. Asimismo dijo que la ciencia debería tener una actitud más modesta y explicar a la gente “por qué es bueno lo que descubre”. Acerca del miedo social a la palabra transgénico, Quima Messeguer consideró que “en esencia, tiene que ver con la seguridad para la salud” y que esta seguridad es lo primero que se debe demostrar.

Coexistencia de cultivos

Messeguer, que ha sido pionera en la investigación del flujo de polen entre cultivos Bt y convencionales, comentó que la legislación ligada a la coexistencia tiene que estar basada en criterios científicos y en los estudios de campo que se han realizado en los últimos años. De no ser así se podría considerar como como una “moratoria camuflada” ya que, en su opinión, “debe tenerse en cuenta la estructura parcelaria de las zonas donde se cultiva el maíz Bt”. La investigadora del IRTA explicó que en parcelas grandes como las de Extremadura esta restricción no afecta, pero que si se implanta en Cataluña, donde buena parte del maíz que se cultiva es OMG, en diversas zonas de Gerona y Lérida “esto llevará a decir ‘no’ a los transgénicos”.

Por su parte, Teresa Esteve se refirió a las dos líneas paralelas de investigación que sigue el Servicio de Análisis Biológicos Cuantitativos del Institut de Biología Molecular de Barcelona (CSIC) que ella dirige. Por una parte, este laboratorio se ocupa de la “detección de transgénicos de todos los alimentos que las empresas nos mandan” ya que, explicó, existen normativas que obligan a etiquetar esta característica. Además, señaló que esta entidad participa en diversos proyectos, a nivel europeo y nacional, referidos a los transgénicos, “porque están apareciendo nuevas variedades” de OMG y es necesario “poner a punto nuevas metodologías que permitan su detección y cuantificación”. En su opinión, si a un ciudadano le interesa la cuestión de los transgénicos “tiene que buscar información, a favor y en contra” para que, al final, sea el público quien decida.