Políticos y representantes de la Fundación CLM siempre hablan del consenso con el que fue creado este organismo en septiembre de 2004, cuya acta de constitución fue firmada por UCAMAN, organizaciones agrarias y partidos políticos.
Pero desde entonces hasta hoy se ha caminado un buen trecho y las opiniones en torno al sistema de financiación de la Fundación son notoriamente diferentes.

Alrededor de 300 cooperativas elaboran vino en Castilla-La Mancha, y de estas un centenar de ellas han expresado públicamente, a través de su adhesión a la Plataforma Vitivinícola, su disconformidad con el Fondo de promoción de la Fundación CLM, Tierra de Viñedos, lo cual significa en números redondos que casi una de cada tres cooperativas no está de acuerdo con la financiación actual y propugnan la participación económica de la Administración regional y del resto sector.
Las cooperativas y bodegas elaboradoras, que hasta la fecha no figuran adheridas a la Plataforma no significa que estén de acuerdo con el actual sistema de la fundación, sino simplemente que no han mostrado públicamente su disconformidad con el Fondo de promoción de la Fundación, pues me consta que muchas de ellas sí lo han hecho en privado, a menudo por miedo a las represalias o actuaciones que la Administración regional pueda emprender contra ellas.

ASAJA, la asociación agraria mayoritaria en nuestra región y firmante de la Fundación CLM ha manifestado que es precisa una modificación del citado fondo, de modo que no resulte lesiva a los viticultores. UCAMAN, la organización que agrupa a la mayor parte de cooperativas castellano-manchegas, también firmante de la Fundación CLM también ha manifestado públicamente la necesidad de cambiar el Fondo de promoción . Y en términos semejantes se ha manifestado el PP, el principal grupo político de la oposición y, de igual modo, firmante de la Fundación.

También hay que recordar la dimisión del patrono de Fevin, la única asociación empresarial de la Fundación, quien, entre otras cuestiones expresó la notoria falta de consenso en la financiación de la misma.

Teniendo en cuenta todas estas valoraciones, muchas de ellas efectuadas después de más de un año de funcionamiento de la Fundación, fruto de una reflexión meditada y producidas, tanto dentro de la Fundación como fuera de ella, uno se pregunta donde está el consenso de la Fundación CLM del que siempre ha presumido la Consejera de Agricultura, Mercedes Gómez y los dirigentes de la Fundación.

Desde la Junta de Comunidades tiene que comprenderse que la situación de los elaboradores ha empeorado en lo económico, puesto que el vino está más barato si cabe que el año anterior y los costes se han elevado de forma considerable. Y esta pérdida de renta, aproximadamente de un 12% en 2005 de según datos oficiales, unida a la idea de reforma en la financiación de la Fundación de todos esto sectores que existe en la actualidad, debería hacer recapacitar a los dirigentes de la Fundación y a los altos representantes de la Consejería de Agricultura y hacerles desistir de su empeño de continuar con este organismo del mismo modo en que fue creado hace aproximadamente un año y medio.

La situación ha cambiado e ignorarla será empeorar las cosas. Hoy hay en el juzgado un recurso en contra del decreto creado por la Junta de Comunidades que obliga al pago de las cuotas del Fondo de Promoción a todas aquellas cooperativas que tengan pendientes subvenciones del Fondo de Calidad Alimentaria (FOCAL), así como una demanda en contra del artículo 26 de la Fundación (Fondo de promoción) y las voces discordantes en este aspecto son muchísimas más que las que están de acuerdo con dejarlo todo tal y como está.

Atendiendo a estas poderosas razones, la Administración regional, como promotora de la Fundación debería dar el primer paso para cambiar esta ley, y la propia Fundación con su director al frente deberían apoyar sin más dilación ese cambio.

Es obvio que nadie está en contra de un organismo que trata de promocionar el vino de Castilla-La Mancha, este es un principio universal en el que todo el mundo está de acuerdo, pero son contados, especialmente entre los elaboradores, los que quieren continuar con la financiación actual.

Si se quiere una Fundación democrática y bien avenida lo mínimo que puede hacerse es respetar la opinión de la calle, los argumentos de los afectados y sobre todo la ética legislativa, pues en un estado de derecho no es admisible crear una ley que perjudica a los elaboradores para beneficiar a los industriales. ¿No debe ser la ley igual para todos?. Pues, ¿por qué no se aplica este principio constituticional?.

Es hora de que desde la Administración y desde la Fundación piensen seriamente en ello, pues hasta ahora, no se ha hecho nada al respecto.