La Comisión Europea ha iniciado acciones legales contra España por la realización de prácticas cinegéticas, que si bien van en línea con la legislación española contradicen la directiva comunitaria de 1979 sobre aves silvestres.

El motivo ha sido la caza primaveral de aves migratorias, especialmente la paloma torcaz (Columba palumbus), en la provincia de Vizcaya, cuando regresan de realizar la cría. Este aviso sigue el dictamen del Tribunal de Justicia del 9 de junio de hace un año. Dicho dictamen establecía que existían soluciones alternativas a la caza de primavera. La legislación española permite esta práctica que va en contra de la legislación comunitaria.

España tiene un período de dos meses para responder a la carta de la Comisión.