25 de septiembre de 2006. Se ha celebrado hoy en Sevilla un reunión en la que han participado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representado por el Director General de Agricultura, Francisco Mombiela, y responsables de Agricultura de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia, junto con representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE), además de industriales como AEDA (Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón) y ADESUR (Asociación de Desmotadoras del Sur), para analizar la situación del sector en lo referente a la ayudas al algodón, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulando el actual régimen.

Esta sentencia, publicada el pasado 7 de septiembre suponía la aceptación del recurso interpuesto por España, por el que se solicitaba la anulación del capítulo del Reglamento comunitario que contenía la reforma del régimen de ayudas, sistema que conllevaba una reducción sustancial de la superficie de cultivo, de gran importancia para la economía agrícola de las zonas productoras.

La reunión de hoy, enmarcada en los planes anunciados por la Ministra Elena Espinosa de trabajar en colaboración con las asociaciones de productores, la industria desmotadora y las CC AA implicadas, con el objetivo de lograr la continuación de este cultivo, ha permitido poner en común las diferentes opiniones sobre la implicación que la sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E. tiene para el sector y el margen de maniobra que tiene la Comisión para realizar nuevas propuestas, tratando de alcanzar un acuerdo general sobre los aspectos básicos que estas deberían contener.

Todos los participantes han estado de acuerdo en que la posición española tiene que ser realista, teniendo en cuenta que la sentencia señala con bastante claridad la vía que la Comisión puede seguir para cumplirla.

Al mismo tiempo España no puede renunciar a los principios que indujeron a recurrir el actual régimen del algodón, esto es a que se establezcan medidas que garanticen el mantenimiento de esta actividad agraria, en las zonas donde tradicionalmente ha supuesto un parte esencial de su economía.

En este encuentro se ha llegado a la conclusión de que la propuesta de la Comisión debería contener una distribución de los porcentajes de ayuda acoplada y desacoplada adecuada para que el cultivo sea rentable, asegurando también el suministro de materia prima a la industria desmotadora.