Sevilla, 16 de Noviembre de 2006 (2 páginas). La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-A) ha mostrado su profunda decepción tras las noticias que llegan desde Bruselas tras la reunión que han mantenido hoy la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Marianne Fischer-Boel, con el Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, quien llevaba una propuesta consensuada con todo el sector andaluz después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que anula la última reforma del algodón aprobada en 2004.

UPA-A califica de “inadmisible” e “intolerable” la posición inmovilista de la Comisión Europea que se niega a atender las reivindicaciones de los agentes económicos y sociales implicados en el sector del algodón, que pasan por aprobar un reglamento transitorio o volver al régimen anterior a la reforma del 2004, ya que esta última ha sido desautorizada por una sentencia del Alto Tribunal Europeo por ser desproporcionada, porque no analiza las probables consecuencias dramáticas sociales y económicas en las zonas productoras en el Valle del Guadalquivir.

UPA-A no entiende las posturas dogmáticas e intransigentes de la Eurocomisaria, desoyendo la sentencia del TUE; la recomendación del Parlamento Europeo que aboga por una ayuda acoplada mínima para garantizar la producción y la opinión unánime de Organizaciones Profesionales Agrarias, como UPA-A; desmotadoras, Administración Autonómica; centrales sindicales y empresas proveedores y de servicios.

UPA reitera que el algodón debe contar con un reglamento que mantenga la ayuda acoplada con un importe y unos criterios que permitan la viabilidad y rentabilidad del cultivo, así como de la industria desmotadora, con el objetivo de que puedan conservarse 10.000 explotaciones, un millón de jornales y asegurar el futuro de un centenar de pueblos de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén.

UPA-A considera inaudito que una reforma “ilegal”, según constata la sentencia del TUE, se mantenga hasta, al menos, principios de 2008, fecha para la que propone además una nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en su conjunto. El sector algodonero andaluz, que ha acumulado según nuestros cálculos pérdidas superiores a 60 millones de euros durante el primer año de aplicación de la reforma, no podría aguantar hasta ese momento. En este año han desaparecido cinco desmotadoras; ha caído la producción en más de un 60% y un 30% de la superficie de cultivo, al tiempo que el 20% de los agricultores han abandonado la actividad, según los datos de la Consejería.

UPA-A defiende el mantenimiento de la unidad de acción sin fisuras de todo el sector y la puesta en marcha, de forma urgente, de un frente agrario andaluz para presionar a las instituciones comunitarias, que no pueden seguir legislando en contra del interés general como hasta ahora.