La Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER) formada por la Red Valenciana, (FEVADER), la Red Castellano-Leonesa (PRINCAL), la Red Castellano Manchega (RECAMDER) y grupos de acción local de otras numerosas CC.AA manifiesta su preocupación por las consecuencias negativas que el reparto de los fondos para el desarrollo rural puede producir en el mantenimiento de los procesos de desarrollo rural pilotados por los Grupos de Acción Local.
REDER califica el reparto como desigual, y aun reconociendo que aquellas CC.AA que han perdido su condición de región Objetivo 1, pasando a ser objetivo de competitividad, con la consiguiente disminución de fondos comunitarios. Conviene señalar que las zonas rurales, permanecen alejadas de los ratios de convergencia europea, lo que sin duda en el caso de la aplicación de los criterios para el reparto de los mencionados fondos hubiera requerido una mayor sensibilidad, y conocimiento real de la situación de las zonas rurales.
Así las cosas, REDER considera, que el caso concreto de las CC.AA de Castilla y León y Valencia el resultado del reparto es realmente negativo para sus zonas rurales, que en el mejor de los casos, obligará a las propios Gobiernos Regionales a realizar un esfuerzo financiero que supla el inexplicable reparto de los fondos FEADER.
En este sentido, desde REDER, también se manifiesta la preocupación respecto a la capacidad financiera de las CC.AA para mantener en el próximo periodo 2.007-2013, los procesos de desarrollo rural puestos en marcha por los Grupos de Acción Local, que sin duda están siendo los verdaderos dinamizadores del tejido social y económico de las zonas rurales.
Por último, y valorando el precedente que con el reparto de los fondos de desarrollo rural se ha establecido unilateralmente por el M.A.P.A., desde REDER se ve con preocupación, que la futura Ley de Desarrollo Rural no se establezca de manera consensuada, y lo que sin duda puede ser más preocupante, es que más allá de los índices económicos de las diferentes CC.AA, sus zonas rurales, requieren de un tratamiento y atención uniformes, por encima de las afinidades propias del manejo político de dichos fondos.
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