Sevilla, 22 de marzo de 2007. La Federación de Arroceros de Sevilla ha denunciado que determinados industriales españoles han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la importación de 100.000 toneladas de arroz cáscara sin determinar de qué tipo (Si japónica- redondo o índica-largo) aduciendo desabastecimiento de los mercados.

Este hecho que pudiera ser discutible y entendible en la Europa de los 27 y en el año 2007 después de una campaña 2006 algo más corta en producción nacional y comunitaria ha puesto pie de guerra a todos los arroceros españoles representados por Asaja, Coag, Upa y CCAE, que ya el pasado 15 de marzo mantuvieron una reunión con el MAPA donde denunciaron la situación.

Los arroceros han mostrado su disconformidad en las formas en las que el Ministerio de Agricultura les ha hecho llegar esta intención de determinado industrial español. “Decimos determinado ya que el propio presidente de la Unión Nacional de Industriales Arroceros de España (UNIADE), nos ha comunicado directamente que no han solicitado importación ninguna sino que además por las propias compras que sus asociados aún disponen en existencia sin elaborar, verían seriamente dañados sus intereses al autorizarse la importación pretendida a bajo precio o menores costes” ha explicado Manuel Cano, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla y representante de los Arroceros en Bruselas.

Los agricultores arroceros de España y comunitarios entienden perfectamente que para la Europa de los 27 hace falta más arroz para abastecer los mercados (un millón de toneladas de arroz cáscara más de la que se produce), pero evidentemente esta falta de arroz que hay que importar ya tiene su reglamentación de aranceles pertinente.

En estos momentos dadas que las importaciones del primer semestre de la actual campaña asciende a 501.760 toneladas implica la subida de los 30 euros por tonelada aplicadas hasta la fecha y por sobrepasamiento de las toneladas reguladas habría que aplicar 65 euros/tonelada a partir de su publicación en el Reglamento de la Comisión europea. Para el arroz cáscara se sitúa en 211 euros por tonelada, para el arroz cargo o descacarillado oscila entre 30-65 euros/tonelada. Para el blanco y semibanco el arancel de protección que hay que aplicar es de 175 euros/tonelada y para el arroz partido de 128 euros/tonelada.

Los arroceros españoles ha mostrado su indignación ante la postura del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) por no haberles comunicado la petición individual de la industria antes de hacerlas públicas a la Comisión de Agricultura de la UE y rechazan unánimemente tanto la gestión del MAPA como la de la industria. Consideran que en la actualidad hay suficiente arroz por elaborar (más de 335.000 toneladas), sin embargo, esta decisión de importar arroz perjudicará a los agricultores que aún no han vendido arroz, a los industriales que han pagado un precio justo de mercado y en tercer lugar, distorsionaría los precios de la próxima campaña.

Todas las organizaciones agrarias (Asaja, Coag, Upa y CAAE) ha solicitado una reunión conjunta al secretario general, Joseph Puxeu, para transmitirle la preocupación y malestar por el hecho de que el Ministerio haya solicitado a la Comisión Europea la apertura de un contingente de importación de 100.000 toneladas de arroz “paddy” o cáscara con arancel reducido.

Todas las organizaciones creen que una propuesta de este calibre, que está provocando especulaciones en el mercado, debe ser consultada con el conjunto del sector y no sólo atendiendo al interés de una de las partes. Sin embargo, para la toma de decisión en ningún momento se ha recabado la opinión de organizaciones agrarias y de cooperativas, ya que se ha realizado únicamente atendiendo una petición previa de alguna industria que aducía un supuesto peligro de desabastecimiento.

Por ello, han solicitado mantener una reunión de forma urgente para explicar al Secretario general de Agricultura del MAPA; Joseph Puxeu personalmente, la posición de productores arroceros y cooperativistas y solicitar al MAPA la inmediata paralización de las gestiones realizadas ante la Comisión.