Se ve poca juventud, por desgracia, en el campo. En Castilla-La Mancha sólo un 11 % de los titulares de explotaciones tienen menos de 40 años y casi la mitad de los titulares de explotación, el 47 %, tienen más de 60 años. Y eso ni es casualidad ni somos la única región en la que pasa. Los jóvenes, en general, no cogen el relevo de los padres en las explotaciones… y si no está media Castilla-La Mancha de liego es gracias a las generaciones mayores. Y eso que la nuestra es una de las regiones en donde se tramitan más ayudas de incorporación de jóvenes agricultores -cerca de 5.000 en los últimos 10 años- y se han tomado recientemente algunas iniciativas positivas como el aumento de las subvenciones directas a la instalación, el reparto casi 6.800 hectáreas de derechos de viñedo a 671 jóvenes castellano-manchegos o la presentación de un proyecto de Ley del Gobierno Regional para que las transmisiones de padres a hijos no tengan que pagar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Seguramente en el proceso de incorporación de la gente joven a la agricultura habrá que mejorar todavía que mejorar cosas y eliminar trabas: más agilidad en la tramitación, menos papeleo, más bonificaciones fiscales y en materia de seguridad social; más oportunidades de formación. Pero es verdad que hoy los jóvenes cuentan con más facilidades administrativas para incorporarse que hace unos años…Hubo un momento histórico en el que la prioridad era eliminar los inconvenientes que impedían a los jóvenes hacerse agricultores y hoy resulta casi más urgente intentar que los problemas a los que se enfrentan los jóvenes que se instalaron no los hagan tirar la toalla y abandonar.
Problemas muy complejos todos ellos… pero que, como los Mandamientos, se resumen en dos… Costes de producción altos y precios de venta en origen baratos. En esa descompensación radica todo.
Y, por desgracia, el margen de maniobra que tenemos los agricultores y ganaderos para compensar esa fórmula es muy limitado. Porque no es una cuestión de ser más o menos cuidadosos con el mantenimiento del tractor, o de elegir bien la variedad que sembramos o de calibrar al miligramo el aporte de fertilizantes. Lo que en esencia determina nuestros costes de producción y los precios a los que vendemos son cosas como los impuestos y las cotizaciones sociales que pagamos por el privilegio de vivir en el primer mundo; o como la situación del mercado internacional de la energía y de las materias primas para su obtención; o las nuevas reglamentaciones en materia de protección del entorno, de bienestar animal y de garantía alimentaria que la Unión Europea impone a SU agricultura (no así a la de países terceros); o, por ejemplo, la globalización, la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos internacionales (incluso los ajenos al sector agrario). Circunstancias, en definitiva, sobre las que los agricultores y ganaderos tenemos muy poca capacidad de influencia y, desde luego, ninguna de decisión.
A menudo se nos dice que gran parte de lo que nos pasa es culpa de los propios agricultores; que somos un sector envejecido e inmovilista y que nos ha pasado el futuro por encima por nuestra falta de capacidad para adaptarnos y vertebrar nuestro sector. Se nos reprocha que organizándonos mejor podríamos influir mucho más en las decisiones políticas que se toman y no dependeríamos tanto de la posición de dominio y privilegio que los intermediarios y la gran distribución tienen en los mercados. Puede que sea cierto, no lo sé. A lo mejor si hubiéramos sido más dinámicos podríamos haber impedido que se alcanzará aquel acuerdo en la Ronda Uruguay del GATT que nos obligó a dejar parte de las tierras de producción en barbecho, o quizás habríamos sido capaces bloquear esta política láctea que nos ha dejado sin ganaderos y sin vacas para producir la leche que necesitamos en un país deficitario como el nuestro, o podríamos haber convencido a Bruselas para que no desmantelara la red de seguridad de la intervención de cereales; o para que no hubiera desaparecido, en la práctica, el principio de preferencia comunitaria. Incluso es posible que quizás, muy organizados, los agricultores lo mismo estamos a tiempo de que se apruebe una OCM de Vino sin chaptalización, ni liberalización de plantaciones; o de que en el “chequeo médico” de la PAC logremos que el mismo 20 % de productores de siempre no se siga llevando el 80% de las ayudas; o de que nuestro Gobierno saque pronto una Ley de Comercialización que evite que el consumidor pague más de 2 euros por un pimiento que nos han pagado 30 céntimos o casi 15 euros por la ternera por la que el ganadero ha recibido 3 euros y medio…
Yo creo que las acusaciones que se nos hacen… y también, esa impresión que dejan traslucir en ocasiones algunos políticos y burócratas de que el sector agrario es un sector acabado, son bastante injustas en la inmensa mayoría de los casos. No somos un sector acabado. La falta de ambición, o de ganas de innovar, o de mejorar y progresar no es algo que se le pueda achacar a los miles de agricultores jóvenes, y no tan jóvenes, que están en el campo sembrando, labrando u ordeñando y que demuestran ganas de salir adelante a fuerza de tesón, cabeza, riñones y muchas horas de trabajo.
Tal vez, a base de repetirlo y repetirlo, alguien llega a creerse que la política agraria que se está haciendo es magnífica y que si fracasa en su objetivo de mantener las rentas de los agricultores nos es por culpa de quien la diseño, ni de quien la aprobó, sino de los propios agricultores. Puede que a base de repetirlo y repetirlo, alguien se lo crea. Pero no será cierto. Mientras se siga haciendo una política para las mercancías y no para los agricultores y ganaderos profesionales; y mientras no se apueste por un modelo social de agricultura, ligado al territorio e implicado con el progreso de nuestros pueblos será una política que, al menos para nosotros, habrá fracasado.
Hace muy poco las Juventudes Agrarias de COAG, de mi organización, celebraron en Toledo su encuentro anual. Yo mantengo la esperanza de que, con actividades como éstas, los jóvenes del sector contribuyan para que las administraciones y los gobiernos sean conscientes del tremendo potencial que hay en nuestra agricultura y nuestra ganadería y que confíen en ellos pero de verdad, con el respaldo de las decisiones políticas, porque tienen la firme voluntad de vivir del trabajo en su explotación, de contribuir con ello al desarrollo de sus pueblos y de progresar en esta dignísima, y bellísima pese a todo, profesión de agricultor y ganadero.
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