Con las primeras siembras de maíz en los regadíos del sur, se ha iniciado una nueva campaña sin que exista normativa sobre la coexistencia de los cultivos transgénicos con el resto en España. Dado que la aplicación de normas de coexistencia exige su conocimiento previo por parte de los agricultores, resulta imposible que, aunque el Gobierno quisiera aprobar alguna norma, esta llegue a tiempo para aplicarse a las zonas de siembra más tardía.

Esta situación de facto no es el producto de un debate abierto y una toma de posición explícitas por parte del Ministerio de Agricultura, que ha venido oscilando entre diversos enfoques, sin finalmente haberse decantado por ninguno. Llegó a presentarse públicamente en 2005, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, un texto que finalmente ha quedado en los cajones, tras un amago de endurecimiento de los requisitos mediante la ampliación de las distancias de aislamiento.

Se da la paradoja de que España, principal país comunitario en siembra de transgénicos, no cuenta con normas de coexistencia, que sin embargo han sido aprobadas en otros Estados miembros de la UE con siembras testimoniales o inexistentes.