Sevilla, 9 de diciembre de 2008. El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, viaja a Bruselas con el consejero de Agricultura, Martín Soler, para mantener una serie de reuniones que tienen como objetivo buscar una estrategia común ante la decisión comunitaria de sacar adelante algunas novedades legislativas que restringen el uso de plaguicidas y fitosanitarios que son fundamentales para combatir las plagas en algunos cultivos y de los cuales, hoy por hoy, no existen alternativas. Por eso, esta organización agraria reclama una moratoria que permita ganar tiempo para investigar y poner en marcha otras sustancias activas con eficacia similar a las que se planea eliminar, o bien otro métodos de control no químicos (lucha biológica, etc.).

COAG Andalucía considera que la decisión europea de prohibir el uso de determinados plaguicidas y fitosanitarios se ha producido de forma “abrupta” y “poco responsable”. El secretario general de esta organización, Miguel López, ha explicado que, mientras los productores agrícolas del norte de Europa deben combatir las enfermedades (hongos, virus y bacterias), los profesionales agrarios de países del sur, como España, deben luchar contra las plagas, y para ello existen una serie de materias activas fundamentales, que no pueden prohibirse sin facilitar, previamente, una alternativa.

Además, López ha recordado que el sector agrario andaluz cuenta con profesionales altamente cualificados y formados en el uso de estos productos que, a las dosis a las que se emplean, perfectamente controladas, no suponen un riesgo para la salud. No obstante, el secretario general comprende que se prohíban ciertas sustancias siempre y cuando se ofrezcan alternativas que garanticen la protección necesaria para que los cultivos andaluces puedan desarrollarse de forma adecuada. “Por eso, añade López, “no se entiende esta decisión precipitada, salvo que obedezca a algún tipo de propósito comercial encubierto”.

Asimismo, COAG Andalucía reclama que se refuercen los controles en frontera, porque no tiene sentido limitar cada vez más el uso de plaguicidas y fitosanitarios en los países europeos y permitir la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos requisitos. Igualmente, esta organización agraria pide que se realice un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental de la aplicación de la normativa propuesta.

Por todo ello, el secretario general de COAG Andalucía firmó un acuerdo el pasado 26 de noviembre y viaja esta tarde a Bruselas junto con el consejero andaluz y el resto de las OPAS, para reunirse con europarlamentarios andaluces, a los que explicarán los problemas que puede provocar la nueva legislación, tales como la reducción de los rendimientos y el consiguiente incremento de precio para los consumidores.