Madrid, 27 de febrero de 2009. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lamenta que la aprobación del Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español se haya producido con un gran retraso, ya que la Organización Común de Mercado (OCM) del sector vitivinícola entró en vigor el 1 de agosto de 2008.

Desde la organización hemos reclamado desde hace meses una mayor celeridad en la aplicación en España de la nueva OCM vitivinícola por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y hemos denunciado que la reestructuración interna en el MARM no es una excusa para este retraso.

Para UPA, la consecuencia de la indefinición de determinadas medidas, entre la cuales se puede destacar la relativa a las nuevas ayudas transitorias referentes a la destilación de alcohol de uso de boca, ha sido la incertidumbre y desorientación en el sector, parte de cuyos efectos podrían explicar el fuerte descenso en los precios de la uva en origen, en una cuantía próxima al 25 % con respecto a la campaña anterior.

A este respecto, UPA sospecha que la carencia de unas normas claras de campaña justo en el momento en que la uva estaba aún en manos de los viticultores ha podido ser aprovechada por determinados operadores para dicha reducción de precios provocando un fuerte quebrando en la renta de los agricultores

Ante la ausencia del Decreto que avalase de manera oficial el programa de apoyo al sector presentado por el MARM a la Comisión Europea a finales de junio de 2008, se han tenido que aplicar con retraso ciertas circulares del FEGA y determinadas Ordenes por parte de las CC.AA. más afectadas con objeto de poder cumplir con la normativa comunitaria, provocando en todo caso cierto desconcierto en el sector.
El Real Decreto aprobado regula las cinco medidas (promoción en países terceros, reestructuración y reconversión de viñedos, eliminación de subproductos, destilación de alcohol para uso de boca y destilación de crisis) adoptadas por el MARM dentro del conjunto de acciones que permitía el Reglamento de la OCM.

Para UPA, el contenido de este Real Decreto no es plenamente satisfactorio ya que no se han recogido buena parte de las observaciones planteadas por el sector. Entre otras cosas, UPA echa en falta que en la promoción en terceros países no se dé mayor flexibilidad y accesibilidad a los posibles beneficiarios, que por su escasa dimensión o ausencia de antecedentes en esta medida no tengan la experiencia e infraestructura exigidas.

Por otra parte, ha causado malestar que en el Comité de evaluación y seguimiento de la medida de promoción no formen parte de manera directa las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) como representantes legítimos de los viticultores cuya materia prima es la base para la elaboración de los vinos objeto de la referida medida de promoción.

En lo referente a la ayuda que pueden percibir los viticultores vinculada a la destilación de alcohol para uso de boca, desde UPA mostramos una gran preocupación en el sentido de que dicha ayuda quede vinculada a unos compromisos por parte de agentes externos (bodegas) en el cumplimiento de unas entregas a destilación en las dos campañas de duración de la medida transitoria, cuyo incumplimiento puede originar reducciones en el importe de dicha ayuda por causas ajenas al propio viticultor.

Tampoco consideramos conveniente que en el caso de que en una campaña determinada se tenga que aplicar la destilación de crisis, las ayudas se diferencien por regiones productoras, ya que ésta debería ser la misma independientemente de la región en cuestión.

Como aspecto positivo de este RD podemos destacar la inclusión de las tres OPAS (tal y como había solicitado UPA) en el Comité de Seguimiento del mercado del alcohol para uso de boca.

En definitiva, UPA reclama mayor transparencia, interlocución y agilidad al MARM en los aspectos que quedan pendientes para la aplicación de la nueva OCM vitivinícola en nuestro país. Entre dichos aspectos nos preocupa especialmente el destino, las medidas y la aplicación de los fondos transferidos de la OCM al desarrollo rural.

En este sentido UPA reclama que dichas ayudas vayan en medidas de desarrollo rural al propio sector vitivinícola y cuyos beneficiarios sean directamente los viticultores, y que su aplicación no se limite a un mero reparto presupuestario entre los diferentes 17 Programas de Desarrollo Rural autonómicos (PDR), sino que se establezcan unas pautas comunes de aplicación en todo el territorio nacional, complementadas por las propias especificidades territoriales.

Con el fin de poder abrir un debate, UPA ha solicitado al MARM que inicie un proceso de diálogo con el sector paralelo a la interlocución con las Comunidades Autónomas.