El trabajo también destaca que sólo el 1,4% de las naciones pesqueras ha desarrollado procesos transparentes y participativos para convertir los consejos científicos sobre pesquerías en políticas activas. Menos del 1%, además, ha creado mecanismos para asegurar el cumplimiento de estas políticas. Con estos datos, los autores concluyen que ningún país está completamente libre de los efectos negativos que provoca la sobrepesca.

La investigación, que aparece publicada en el último número de PLoS Biology, es fruto del análisis de las evaluaciones de 1.200 expertos pesqueros de todos los países costeros del mundo.

“Quizás, el dato más chocante del estudio es que ningún país es lo suficientemente bueno en todos los atributos del manejo pesquero por lo que establecer qué países están mejor o peor depende del parámetro específico que se analice”, señala el autor principal del trabajo, el investigador Camilo Mora de la Universidad Dalhouise (Canadá) y la Universidad de California San Diego (EEUU).

Mora contextualiza la investigación: “El uso de las pesquerías mundiales ha sido excesivo y ha derivado en el colapso o la disminución de muchas especies”. En concreto, de acuerdo con el último informe sobre el estado de las pesquerías realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en su acrónimo inglés), el 28% de las pesquerías mundiales está en situación de colapso o de sobreexplotación y el 52% está al máximo de su capacidad de explotación.

Según la FAO, los recursos pesqueros mundiales proporcionan el 15% de la proteína animal que consume la humanidad, proveen de empleo directo e indirecto a cerca de 200 millones de personas y generan beneficios superiores a los 61.000 millones de euros al año.

En este contexto, se han puesto en marcha diversas iniciativas para que los países mejoren la forma en que explotan sus recursos marinos. Los autores citan, entre otros proyectos, el Código de Conducta para Pesquerías Responsables de la FAO y la Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. “Aunque la mayoría de los gobiernos ha aprobado estas iniciativas, no existía hasta el momento un cálculo global sobre cómo se implementan estos ideales en la práctica”, aclara el científico.

La investigación señala que los países desarrollados cuentan con mejores capacidades científicas y mejor disposición para aplicar políticas, pero insiste en que estas naciones se enfrentan a los efectos negativos derivados de subsidios excesivos y una mayor capacidad pesquera, provocada por la modernización de sus flotas. En contraste, los países en desarrollo carecen mayoritariamente de ciencia o capacidad para aplicar políticas sobre pesca y, aunque pescan menos, venden derechos de pesca de forma desproporcionada a países con mayores recursos.

Según el estudio, en el 33% de los países en desarrollo (fundamentalmente ubicados en África y Oceanía) la mayor parte de la actividad pesquera es liderada por países de la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China o Taiwán.

Necesidad de transparencia

Naciones ricas y pobres coinciden en su escasa habilidad para convertir las recomendaciones científicas en políticas efectivas, de acuerdo con el análisis. Las diferencias radican en las razones de este comportamiento: mientras los países en desarrollo se enfrentan a la corrupción de sus regímenes políticos, los países desarrollados encuentran habitualmente más presiones económicas y políticas.

El trabajo concluye que la transparencia a la hora de incluir las recomendaciones científicas en las regulaciones nacionales es crucial para la sostenibilidad de las pesquerías. “Si el proceso de conversión es influenciado por la corrupción o las presiones políticas, es improbable que el asesoramiento científico dé lugar a regulaciones adecuadas. De igual modo, el autoritarismo reduce las posibilidades”, señala la investigadora del CSIC Marta Coll, del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), en Barcelona.