La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, pide una implicación política decidida para poner solución a la grave crisis que atraviesa el sector del vino. En estos momentos, cuando faltan alrededor de dos meses para la vendimia, las bodegas casi no tienen sitio para guardar el vino nuevo, ya que la campaña pasada se ha registrado un importante descenso de las ventas, provocado, entre otras razones, por la caída del consumo que ha traído la crisis económica, a lo que hay que sumar los retrasos en la publicación de distintas normativas y la eliminación de los mecanismos de mercado que incluía la anterior OCM.

Esta situación ha provocado un importante problema social: los agricultores apenas han cobrado nada de la última cosecha y algunos ni siquiera de la anterior. Ante ese panorama, las cooperativas tendrán que enfrentarse a graves dificultades para molturar la uva y los productores se verán obligados a prácticamente regalar el vino de la próxima vendimia, al no tener ninguna capacidad para negociar con unas bodegas que no tienen espacio para guardarlo.

Por eso, COAG Andalucía pide que se ponga en marcha un Plan Estratégico Regional (recobrando aquella línea de trabajo que consistía en la elaboración de planes estratégicos por zonas), que contemple medidas extraordinarias, al margen de la OCM, para “mimar” y garantizar la supervivencia de un patrimonio histórico como es el vitivinícola andaluz, con una producción mayoritaria de vinos generosos, que se caracterizan por la calidad, la existencia de denominaciones de origen de gran tradición y la vocación exportadora. Ese Plan debería incluir, entre otras cosas, estrategias de promoción y de concentración de la oferta, sin olvidar la puesta en marcha de medidas de mercado y, sobre todo, actuaciones inmediatas para refinanciar la deuda de los productores y de las cooperativas, evitando así el hundimiento del sector. Este Plan Regional tendría, asimismo, que concretarse con planes particulares por zonas productoras, atendiendo a las áreas vitivinícolas tradicionales, pero sin excluir las demás.

Igualmente, esta organización agraria considera muy importante, dentro ya del marco de la OCM, que, en medidas como las agroambientales, se garantice que el dinero detraído a los productores vuelva a ellos y que existan otras dotaciones para el sector a través del PDR o de otras partidas presupuestarias , y que se pongan en marcha alternativas a la eliminación de subproductos (por ejemplo, la fabricación de compost con los orujos), dando preferencia a este tipo de proyectos dentro del apartado correspondiente a inversiones. También es necesario instar al Ministerio de Medio Rural y Marino para que modifique el Plan de Apoyo Nacional al sector, de manera que medidas puntuales que actualmente no tienen dotación, tales como la destilación de crisis, tengan un presupuesto asignado.

Por último, COAG Andalucía también está promoviendo una moción de apoyo al sector del vino, para que sea aprobada por el Pleno de los Ayuntamientos y, posteriormente, enviada al Ministerio. En ella, se solicitan las medidas anteriormente reclamadas, y otras como la autorización de una destilación de crisis puntual para la próxima campaña (para hacer frente a los excedentes); la puesta en marcha de la vendimia en verde, para prevenir futuras situaciones de crisis y como sistema alternativo a la destilación; la introducción de nuevos objetivos de mezcla de etanol (preferentemente vitivinícola) en los carburantes fósiles; reducir las restricciones al acceso a pólizas que cubran los riesgos de impagos de las exportaciones a países con potencial de consumo creciente; fomentar la promoción del vino en la UE aunque recomendando un consumo moderado; que se introduzca una línea de créditos ICO para financiar el coste del almacenamiento privado; la revisión a la baja de los módulos de la uva dentro del IRPF; el adelanto de los pagos de la ayuda a los mostos, a la destilación de usos de boca y de arranque; la modificación de la legislación vigente para que se permita negociar acuerdos colectivos sobre precios mínimos, que cubran los costes de producción, y solicitar que se elimine la liberalización de plantaciones que prevé la OCM, que impedirá cualquier tipo de control y que supone una seria amenaza para el patrimonio vitivinícola español.