La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, considera que la indicación geográfica ‘Viñedos de España’ publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de julio “favorece a determinadas regiones con exceso de producción y reducida calidad, ha sido creada artificialmente y supone un claro perjuicio en la venta de los vinos castellanos y leoneses que responden a los buenos cánones de calidad, fruto de años de tradición en su producción y elaboración”.

El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas, ha mostrado su sorpresa por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). “No sólo no estamos de acuerdo con este planteamiento sino que nos ha sorprendido el procedimiento del Ministerio y la rapidez en su publicación en el BOE, prácticamente a la semana de nuestra contestación”, comentó, haciendo especial hincapié en el daño que sufren los vinos castellanos y leoneses con esta indicación geográfica. “Son zonas muy heterogéneas con calidades muy dispersas, y la imagen que se pretende ofrecer no coincide con la que defiende el gobierno regional, que siempre ha apostado y seguirá apostando por la calidad de los vinos de Castilla y León”.

Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se recuerda que el sector vitivinícola es uno de los más importantes dentro de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Con 75.000 hectáreas de viñedo, es la cuarta región española en superficie y su volumen de ventas supera los 440 millones de euros al año, lo que supone el 6,2% de la facturación agroalimentaria. Con más de 500 bodegas, la producción vinícola de Castilla y León es, además, el tercer subsector en volumen de inversión con 57 millones de euros al año, un 11% de la inversión alimentaria regional, así como uno de los más activos en el mercado exterior con 98 millones de facturación anuales.

Este reconocimiento, publicado en el BOE el pasado 30 de julio, es idéntico al establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 27 de julio de 2006, orden que fue anulada por la Audiencia Nacional mediante recurso contencioso-administrativo formulado por la Junta de Castilla y León, que también tramitó la correspondiente denuncia ante la Comisión Europea al entender que se perjudican de forma nítida los intereses del sector en Castilla y León.