La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos –Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha ha cuestionado la seriedad y objetividad del estudio de la Universidad de Alicante sobre el Trasvase Tajo-Segura en el que se estima que su derogación costaría al Estado 20.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones

El estudio, titulado “La responsabilidad patrimonial del Estado ante la hipotética reducción o cancelación del Trasvase Tajo –Segura”, ha sido coordinado por el profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, e impulsado por la patronal alicantina y la Fundación Agua y Progreso.

A juicio de COAG-IR, el informe lo único que pone de manifiesto es la extraordinaria riqueza que se ha creado en el Levante con los recursos propios de Castilla-la Mancha y que, a tenor de los datos hechos públicos, evidencian la generosidad de nuestra región que había podido utilizarlos en beneficio de sus ciudadanos.

Sin embargo, en el estudio no se habla de la sospechosa gestión que se está haciendo del agua procedente del trasvase y del mercado negro en el que el líquido elemento se vende con fines especulativos, ha denunciado la organización agraria para la que el documento, además de perverso, contempla únicamente lo que le interesa.

COAG-IR presume que estos datos se han hechos públicos coincidiendo con el inicio del curso político en el que se ha vuelto a retomar el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha e intentar amedrentar una vez más al Estado, con el fin de bloquear la justa aspiración de la comunidad autónoma a ser prioritaria en la utilización de sus propios recursos.

A juicio de la organización agraria, estas estrategias demuestran que no hay excusa para poner fin a la paradoja de que, con los recursos de Castilla-La Mancha, se esté impulsando desde hace 20 años el desarrollo económico de otras regiones en detrimento de ésta y que, encima, se nos tilde de insolidarios”.

COAG-IR ha reiterado su confianza en que el Gobierno autónomo y la oposición alcancen el acuerdo necesario para sacar adelante un Estatuto que garantice el abastecimiento de las necesidades de agua económicas y medioambientales presentes y futuras de la región, la prioridad en la utilización de nuestros propios recursos para el desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha y la conservación del patrimonio natural.