El 22% de la superficie agraria útil de Andalucía (893.000 has) es de regadío, y genera el 57% de la producción final agraria andaluza, esto es, 4.570 millones de euros. Esa superficie sustenta el 60% del empleo agrario andaluz (310.000 trabajadores), lo que representa el 12% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Para Andalucía supone una balanza comercial positiva en nada menos que 2.097 millones de euros, con este preámbulo queremos poner de manifiesto la importancia de este recurso en la actividad agraria, y su directa incidencia en el empleo y el crecimiento económico de la comunidad.

Por ello, y como principales usuarios del agua, recurso que nos permite generar riqueza y empleo en la comunidad, la Ley de Aguas tiene una importancia capital para ASAJA-Andalucía, tal y como lo ha venido demostrando en los meses precedentes, en los que ha mantenido una postura activa y constructivamente contraria, contestando a cada uno de los borradores, proponiendo textos alternativos y poniendo sobre la mesa informes técnicos y jurídicos que respaldaran nuestra postura, muy lejos de las negaciones sin fundamento o de las adhesiones inquebrantables de otros, lo que sin duda nos ha permitido enmendar el disparatado borrador inicial.

Tras una larga negociación, ASAJA-Andalucía logró que los aspectos que suponían una clara amenaza para la agricultura de regadío en nuestra región quedaran suavizados antes de su tramitación parlamentaria, sin embargo, en este último trámite para la aprobación de la Ley los parlamentarios socialistas no han tenido en cuenta los intereses de los agricultores, puesto que dos de los tres puntos que se comprometieron a mejorar, la estrecha relación que establece la Ley entre aguas subterráneas y superficiales (Art. 25.4.c) y el régimen económico financiero de la misma, especialmente en lo referido al canon de servicio a los pozos de aguas privadas, han quedado como estaban.

Desarrollo reglamentario

Tras la aprobación del texto legal, ASAJA-Andalucía va a estar muy pendiente del desarrollo reglamentario, puesto que será éste el que realmente refleje la actitud del gobierno andaluz respecto al agua y su gestión, y de su redacción depende el que la Ley ofrezca realmente un marco que permita afianzar el regadío y su crecimiento allá donde sea posible, si los textos reglamentarios inciden en el carácter fiscalizador, penalizador y limitador, encareciendo los costes e incrementando las dificultades que ya encuentran los agricultores de regadío, la Administración andaluza nos tendrá enfrente dando la batalla.

Por tanto, si la Ley se va a emplear para hacer política partidista, para someter a más cargas económicas a los agricultores, y sobre todo, para destruir empleo y para condenar al mundo rural a la pobreza, eliminando hectáreas de regadío (como ahora mismo está haciendo la Agencia Andaluza del Agua), ASAJA se opondrá con todas sus fuerzas.
El reglamento deberá desarrollar el sistema de participación de los distintos agentes en los órganos de la Agencia Andaluza del Agua, y desde ASAJA-Andalucía exigiremos que los representantes del sector agrario cuenten con la presencia que legítimamente les corresponde como principales usuarios del agua.

Tras la aprobación de esta Ley desde ASAJA consideramos que es más necesario que nunca un nuevo planteamiento en la política hidráulica andaluza, un planteamiento que teniendo en cuenta nuestras peculiaridades climáticas sea capaz de afrontar el incremento de la capacidad de almacenamiento para garantizar este recurso de forma sostenible. Este nuevo planteamiento pasa necesariamente por una mayor y mejor coordinación entre los dos organismos que gestionan el agua en nuestra cuenca, la Agencia Andaluza del Agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los regantes no pueden ser los pagamos de la actual descoordinación existente entre ambas administraciones.

Asimismo, es necesario que se reactive el Plan Hidrológico Nacional y que se fije una política nacional de aguas alejada de localismos y nacionalismos hidráulicos.

Los temporales de este invierno han puesto de manifiesto que es necesario dar un giro a la denominada “nueva cultura del agua”, los 8.000 Hm3 que se han ido al mar y los múltiples daños ocasionados en viviendas, cultivos e infraestructuras, deben servir de lección para recordarnos que las infraestructuras hidráulicas no están ni mucho menos concluidas en Andalucía, y deben vivir en un continuo proceso de ampliación, mejora y puesta al día.

Por ello, desde ASAJA queremos instar un vez más al Gobierno andaluz y la Agencia Andaluza del Agua a que apuesten por un nuevo Plan de Infraestructuras Hidráulicas que establezca interconexiones entre cuencas, que invierta en el recrecimiento de nuestras presas allí donde sea posible, tal y como se ha hecho con el embalse de la Breña, y que potencia las balsas y microembalses en las propias explotaciones y en pequeñas comunidades de regantes. Se trata de medidas fundamentales para evitar, o al menos para minimizar, los daños en periodos de temporales como el que hemos vivido desde mediados de diciembre y sobre todo para garantizar el agua para los regadíos, auténtica fuente de riqueza y empleo del campo andaluz.