La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) apo­­ya sin fisuras la petición expresada hoy por la patronal de la industria fitosanitaria eu­ro­pea (ECPA), que ha reclamado a la Comisión Europea (CE) y al Gobierno español más agi­li­dad a la hora de autorizar nuevos fitosanitarios. Junto a ello, la organización agraria de­nun­cia el doble rasero que aplica la CE al permitir a las frutas y hortalizas importadas de países terceros usar algunos fitosanitarios prohibidos a los agricultores euro­peos. “La si­tua­ción es alarmante: tenemos muy pocos productos autorizados y los que quedan o son inefica­ces o pueden generar problemas de resistencias” advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­do, quien también exige a Bruselas acabar con la competencia desleal que en esta ma­teria practican los productores del cono sur o del norte de África..

La entidad agraria lamenta especialmente la lentitud exhibida por el Ministerio de Me­dio Ambiente y Medio Rural a la hora de tramitar las autorizaciones para nuevas sustancias ac­tivas. Mientras que en Francia se tarda algo menos de tres años en responder a una soli­ci­tud, en España el proceso se prolonga de media cinco años o más lo que “deja a los agri­cul­tores sin capacidad de reacción ante la irrupción de nuevas plagas”, advierte Aguado. Y el problema se agudiza en el caso de la agricultura mediterránea por un doble motivo: por­que es la que más patógenos foráneos está ‘importando’ y porque es la que más necesita de los insecticidas que la actual normativa ha retirado en masa. Efectiva­men­te , desde 1993 la aplicación de la directiva 91/414 –que a medio plazo se sustituirá por una regulación más restrictiva si cabe- ha servido para prohibir el 75% de las sustancias activas con las que se elaboraban los insecticidas, acaricidas y nematicidas.

Según un estudio de los servicios técnicos de AVA-ASAJA, en estos momentos exis­ten más de 50 plagas que afectan a los principales cultivos valencianos en los que se han de­tectado posibles problemas de resistencias a corto o medio plazo o, en el peor de los ca­sos, in­sec­ticidas que resultan -ya- ineficaces. La falta de fitosanitarios obliga a repetir los tratamientos con la misma sustancia lo que, unido a las restricciones en materia de residuos, ha co­men­za­do a disparar los daños causados por plagas que hasta hace poco se controlaban con relativa faci­lidad. Las pérdidas se multiplican cuando, a los patógenos habituales, se suman las nue­vas plagas ‘importadas’, insectos foráneos tan destructivos como la Tuta absoluta en el to­ma­­te, el picudo Rojo en las palmeras o el nuevo ‘cotonet’ (pseudocóccido) que ataca los cítricos en la zona de Les Valls. “Cada nuevo patógeno requiere del esfuerzo de los investigadores para dar con el fito­sa­ni­ta­rio adecuado. Una vez localizado y testado es la lentitud de la Administración en dar los co­rres­pondientes permisos la que contribuye a exasperar a los agricultores”, explica Agua­do.