El proyecto de Ley de Pesca Sostenible, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de agosto, se encuentra en estos momentos en fase de debate en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, encargada del trámite de dicho proyecto, convocó a APROMAR en el día de ayer, para conocer con mayor detalle las implicaciones que esta Ley podría tener sobre el sector de la acuicultura.

El gerente de APROMAR, D. Javier Ojeda, defendió en su participación tanto la potencialidad de la acuicultura en España como las restricciones que actualmente se le están imponiendo. En líneas generales, manifestó la opinión positiva que APROMAR tiene sobre el proyecto de Ley.

En el caso de la acuicultura, la futura Ley de Pesca Sostenible trata de poner al día la regulación estatal de una actividad cuya competencia exclusiva reside en las Comunidades Autónomas, pero en la que existe una evidente necesidad de coordinación entre regiones. El Sr. Ojeda resaltó que las empresas de acuicultura españolas, distribuidas por todas las Comunidades Autónomas, son más conscientes que nadie de la necesidad de esta coordinación por las implicaciones económicas que su insuficiencia provoca. En este sentido parece acertado actualizar la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos, dando coherencia así a la situación legal del sector de la acuicultura desde la perspectiva de la política pesquera.

En este sentido, manifestó su acuerdo con la modificación de la estructura de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) para dar cabida formal en su composición a los representantes del sector productivo. Con la actual Ley de Cultivos Marinos el sector productivo solamente dispone del derecho a ser escuchado en las reuniones de JACUMAR. Además, recalcó la importancia de mantener el sistema de Planes Nacionales de Cultivos Marinos, si bien asegurando la mejor posible selección de temas de investigación y la calidad de los trabajos.

Por otra parte, resaltó la importancia de considerar en el proyecto de Ley que el Gobierno de España pueda desarrollar medidas de apoyo a las inversiones españolas en acuicultura en países terceros. En el presente esta posibilidad sólo se abre a las inversiones para pesca extractiva, con lo que se igualarían los derechos de ambos subsectores y se abrirían nuevas oportunidades a las empresas de acuicultura.

Estando APROMAR satisfecha en líneas generales con el contenido del proyecto de Ley, cree importante incidir sobre una cuestión de forma. Un principio básico de una ley es que sea clara. Esta ley es perfectible en esta cuestión, ya que en muchos de sus artículos no queda suficientemente claro si estos afectan a la acuicultura o no.

Por una parte la definición de “actividad” pesquera propuesta excluye explícitamente de esta actividad a la acuicultura. Aunque por otra, la definición de “producto” pesquero sí incluye a la acuicultura. Y por una tercera parte no se define lo que es el “sector” pesquero, que en el proyecto de ley en ocasiones parece abarcar a la acuicultura y en otras no.

Por otra parte, la futura Ley fruto de este proyecto una vez aprobado se titularía como “Ley de Pesca Sostenible”, cuando es evidente que no solamente afecta a la pesca sino también a la acuicultura, al marisqueo y al sector de la comercialización pesquera.

Aún más, APROMAR sugiere el uso de un término más claro en lugar de “productos pesqueros”, que es el de “productos acuáticos” o “recursos acuáticos vivos”. Término que englobaría a los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo. Con ello se evitarían confusiones que por experiencia se sabe que acaban teniendo tener consecuencias negativas sobre las empresas.

Aprovechando la presencia en la reunión de los representantes de todos los Grupos Parlamentarios, el Sr. Ojeda expuso los graves problemas existentes para la asignación de localizaciones para acuicultura en España. También detalló las implicaciones de carecer de una buena Gobernanza en la gestión pública de la acuicultura, incluyendo la lentitud de trámites, la escasa comunicación entre administraciones y la existencia de tasas inapropiadas, como el doble canon de ocupación por obras y la tasa de puertos G-4.

No dejó pasar el Sr. Ojeda la ocasión de agradecer a los Grupos Parlamentarios la aprobación en 2007 de la modificación de la Ley de Costas que supuso resolver favorablemente el pertinaz problema del canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.