Las organizaciones agrarias COAG y UPA estiman imprescindible el mantenimiento de los 65 años como edad legal de jubilación de los agricultores y ganaderos ante el carácter penoso y la gran exigencia física del trabajo en la actividad agraria, que provoca un deterioro físico superior a otros muchos sectores laborales.

Ambas organizaciones entienden que debe encararse una reforma del régimen actual de pensiones para garantizar su viabilidad futura, como uno de los derechos fundamentales del estado de bienestar social. Sin embargo, esta reforma no se puede realizar a costa de provocar un grave perjuicio a sectores, como el agrario, especialmente desfavorecido, a la vez que estratégico y sumido en una grave crisis. Como consecuencia de esta crisis el sector agrario mantiene un nivel de rentas equivalente al 50% de la renta media del conjunto de los sectores económicos y es al mismo tiempo perceptor de las pensiones medias más bajas con 569 € de media.

UPA y COAG consideran que la reforma prevista debe ser flexible, estableciendo las excepcionalidades que se consideren justas y equilibradas, para evitar el agravamiento económico y la precariedad social de sectores como el agrario. El trabajo en la agricultura y ganadería es muy duro y resulta insoportable a edades avanzadas que, en el caso de ampliarse la jubilación a los 67 años traería como consecuencia un aumento de la siniestralidad laboral y del riesgo de accidentes.

Además, con el aumento de la edad de jubilación se vería limitado el necesario relevo generacional y, en consecuencia, se generaría un mayor envejecimiento de la población activa agraria, (el 60% de los agricultores tiene más de 55 años). Ante las exigencias de eficacia productiva se precisa un rejuvenecimiento del sector que favorezca un mayor dinamismo, modernización e innovación, así como la adaptación a las nuevas tareas de gestión que actualmente se exigen a la actividad agraria.

Respecto a la ampliación del período de cálculo de los años de cotización, hemos de recordar que la reforma de 2007 que aprobó la integración del antiguo régimen REASS al actual RETA/SETA perseguía mejorar las pensiones de jubilación del sector agrario (actualmente las más bajas de todo el sistema) a través de un incremento del esfuerzo contributivo con un aumento en las bases de cotización. Esto se aprobó en un momento de intensa crisis del sector agrario, con un fuerte descenso de la renta, lo que suponía un importante sacrificio para los hombres y mujeres del campo.

La ampliación del período de cálculo de los años de cotización que se está poniendo ahora encima de la mesa, supone desvirtuar el principal objetivo de la reforma del REASS de 2007, que buscaba disminuir la brecha de las pensiones del sector agrario respecto al resto de sectores, a través de un incremento del esfuerzo contributivo. Adicionalmente, el colectivo de agricultores y ganaderos tiene una edad media muy elevada, por lo que muchos de ellos se encuentran en los últimos años de cotización, sin margen contributivo para evitar un importante recorte de sus pensiones, al tratarse de una medida retroactiva.

Por último, muchas mujeres agricultoras que han empezado a cotizar en los últimos años, se verían especialmente afectadas al no alcanzar los años de un período de cálculo ampliado.

COAG y UPA han trasladado todas sus propuestas y reivindicaciones a los diferentes grupos parlamentarios, sindicatos de trabajadores, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.