UPA-Andalucía se felicita por haber alcanzado un acuerdo con la Consejería de Agricultura y Pesca y el resto de OPAS referente al futuro de la PAC, después de un intenso trabajo desarrollado entre todos los intervinientes. Así se ha consensuado un documento común entre las distintas partes, que será presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino como posicionamiento de Andalucía. Este acuerdo alcanzado representa una posición fuerte desde Andalucía, bajo el objetivo de que la PAC vaya dirigida a solventar los problemas de precios de los agricultores y ganaderos, incluyendo un sistema de ayudas que contribuya a asegurar rentas dignas para los mismos.

UPA-Andalucía reconoce no entender cómo es posible consensuar un documento común sobre el futuro de la PAC y, a su vez, se hace imposible alcanzar la unidad frente a las movilizaciones convocadas para este mes de marzo. “Asaja tiene que reconsiderar su postura porque después de este acuerdo con la PAC tiene que haber también un acuerdo en la calle, para que la unidad sea el gran instrumento que nos permita conseguir nuestros objetivos”, afirma el Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, haciendo clara alusión a la crisis precios en origen que sufren agricultores y ganaderos y a la necesidad de implantar instrumentos básicos de regulación de mercado.

Con respecto al documento consensuado, UPA-Andalucía muestra su satisfacción después de que el texto incluya las peticiones de la Organización para el futuro de la PAC. El documento recoge que es necesario establecer mecanismos de regulación de mercado, con objeto de frenar la política abusiva de la gran distribución y el desequilibrio de la cadena alimentaria, asegurando así unos precios justos para los productos agrarios.

En este sentido, el texto reivindica la creación de un código de buenas prácticas comerciales; una mayor transparencia en el funcionamiento de la cadena de valor; un mayor desarrollo de las organizaciones interprofesionales, que permita implantar contratos homologados entre industrias y productores; el desarrollo de instrumentos de concentración de la oferta; la modificación de la normativa comunitaria de competencia de forma que se contemplen las especificidades del sector agroalimentario; o una mayor vigilancia de las prácticas contrarias a la competencia por parte de la gran distribución.

Asimismo, en el documento se exige que en las negociaciones comerciales internacionales se plantee la reciprocidad, de modo que las normativas europeas relacionadas con cuestiones sanitarias, medioambientales o sociales sean exigidas a las importaciones procedentes de terceros países.

Por último, y con respecto a las ayudas directas, en el documento se consensuó la necesidad de establecer criterios de diferenciación que permitan reflejar las distintas realidades existentes en la agricultura y ganadería, tanto de la U.E. como de España, rechazando el establecimiento de una tasa plana por Estado Miembro o región; del mismo modo que se respaldó la idea de limitar al apoyo a los agricultores en activo, siempre bajo el objetivo de apoyar a la renta de agricultores y ganaderos