La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA-UCE Extremadura participó el sábado, junto a un centenar de agricultores de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana, en la concentración convocada por UGT y CCOO para apoyar a los trabajadores de Carcesa y manifestar que los agricultores también son parte del problema por el que atraviesa esta industria del grupo Nueva Rumasa, ya que son cerca de 200 tomateros a los que Carcesa les debe casi dos millones de euros de la campaña pasada y son cientos los agricultores los que contaban con esta empresa para contratar la campaña de este año y han visto cómo ahora se han quedado sin su empresa de contratación de referencia.

Hay cientos de puestos de trabajo en el campo y de familias que dependen de lo que suceda con Carcesa y, por todo ello, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha destacado que hay que “buscar soluciones para mantener nuestros empleos”, en el campo y en la industria ya que, “si Carcesa no paga a los agricultores el dinero que les debe por el tomate que le han entregado, muchos no van a poder continuar con sus explotaciones”, ya que los agricultores han sacado préstamos de campaña para poder cultivar el tomate y adelantar el valor de la cosecha, pero ahora los tienen que pagar.

Asimismo, Huertas ha pedido a la administración y a la justicia “que intervengan, que investiguen y depuren responsabilidades” y que, en primer lugar, “aseguren el cobro de los que se les debe a agricultores y trabajadores”, porque “nos estamos jugando nuestro futuro y el de nuestras familias”.

Por últimos, el secretario general de UPA-UCE ha reiterado el “compromiso de futuro” que tiene los agricultores con Carcesa y ha ofrecido al sector como “parte de la solución”, ya que en estos momentos los agricultores y cooperativas “estamos gestionando industrias tan importantes o más que Carcesa en la región”.