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Castilla y León muestra su rechazo al documento sobre el futuro de la PAC presentado por el Gobierno

08/03/2011

Esta Comunidad Autónoma, desde que se conoció la Comunicación por la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC, el pasado 18 de noviembre de 2010, viene pidiendo y trabajando para que España tenga una posición de Estado sobre el desarrollo de esta política.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha asegurado tras la reunión de la Conferencia Sectorial, donde se ha conocido el último documento elaborado por el Ministerio, que “desde que se conoció esa comunicación, sigue pasando el tiempo y aún no existe tal posición”.

Desde esta Región se remitieron observaciones al primer documento elaborado por el Ministerio, el 27 de enero de este año, con posicionamientos importantes para Castilla y León en los diferentes apartados (presupuesto, estructura, modelo de ayudas, y competitividad del sector agroalimentario), que no han sido tenidos en cuenta en la segunda propuesta. De hecho esta Comunidad es la Región que más propuestas ha presentado. Unas aportaciones que no están incluidos en el documento presentado hoy por el Gobierno por lo que la Consejera ha lamentado que esta Comunidad no pueda respaldarlo. “Consideramos que las propuestas que remitimos para ser incluidas al documento son elementos sustanciales en el posicionamiento del Estado y por tanto seguimos insistiendo en que deben ser incorporados”.

De todas formas Clemente ha vuelto a reiterar la voluntad de “seguir colaborando para tener una posición fuerte y consensuada”. Esta posición, según el Gobierno Regional, y era una de la peticiones para incorporar al texto, debe ser de todo el Ejecutivo español ya que es insuficiente conseguir una posición sectorial exclusivamente. Además para esta Comunidad es muy importante que, tras tener una postura de Estado, se busquen alianzas con otros Estados miembros de la Unión.

El texto debe contener además, un pronunciamiento claro de España sobre los objetivos principales de la reforma. Esta Comunidad considera que deben ser la producción de alimentos y fortalecer el aspecto competitivo de la agricultura y la industria alimentaria y que el texto los debe recoger. Por el contrario, en el documento entregado por el Ministerio tan sólo se hace referencia como posición española a los aspectos ligados a la simplificación y a que la agricultura debe desempeñar un papel activo e integrador en el mantenimiento del medio ambiente, de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático. Aspectos que, según esta Región, son necesarios, pero no deben constituirse como los elementos esenciales de la reforma.

Presupuesto

Castilla y León considera también necesario que el documento de España exija un análisis de impacto económico previo a la adopción de nuevos sistemas de ayudas, para evitar desequilibrios productivos.

Sobre la financiación del primer pilar de la PAC, ayudas directas y gestión de mercados, esta Región considera que debe ser 100% comunitaria de acuerdo con el principio de solidaridad financiera. En el Segundo Pilar, el del Desarrollo Rural, en el caso de mantener la cofinanciación, la participación nacional, según Castilla y León, “no debe superar las tasas actuales”.

Esta Comunidad considera prioritario también que se establezcan mecanismos que permitan utilizar los fondos de la PAC no utilizados o recuperados, en forma de sobres nacionales para apoyos adicionales de medidas de mercados, especialmente en situaciones de crisis.

Además, “se considera prioritario mantener el nivel mismo porcentaje de participación de España en el gasto global de la PAC, ya que el mismo responde a las características intrínsecas de la agricultura española”. Aspectos que el texto del Gobierno debería recoger.

Estructura

Castilla y León comparte que la estructura de la nueva PAC debe conservar sus tres instrumentos básicos, como son las ayudas directas, la gestión de los mercados y el desarrollo rural. Sin embargo, esta Región considera que el nuevo modelo debe introducir normas comunes que equilibren la capacidad de negociación de los diferentes agentes de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta especialmente a la producción primaria. Además el nuevo modelo debe pivotar en el concepto de agricultura activa que es el que mejor garantiza el mantenimiento de la actividad agraria en todo el territorio y por tanto el que mejor puede responder a los retos: alimentario, de protección de los recursos naturales y equilibrio territorial. Otros aspectos a incluir en la posición española.

Ayudas

En cuanto a estas ayudas esta Región cree que deben dirigirse fundamentalmente a los sectores que actualmente son apoyados por la PAC, el riesgo de abrir el sistema a sectores que no han sido apoyados implica necesariamente el debilitamiento de una parte importante del sector agrario español.

Cualquier cambio de modelo de ayudas directa que se propongan, tal y como ha planteado la Región para que se incorpore a la posición española, debería estar avalado por evaluaciones previas de los sistemas de ayuda actuales. En definitiva, “no cambiar si no hay elementos objetivos que lo determinen”.

Respecto al “componente verde” de las ayudas que propone la Comisión, es necesario incluir una posición que evite incorporar más compromisos a los productores que resten competitividad a las explotaciones. Además no debe interferir en el desarrollo de medidas agroambientales del segundo pilar de la PAC.

Competitividad

La posición española que se propone, según esta Región, es muy débil en los instrumentos de gestión de mercados. Castilla y León considera necesario apoyar “bolsas de seguridad” y mecanismos de concentración de oferta, para actuar con rapidez en problemas de mercado. Asimismo, no deben descartarse los instrumentos para gestión de riesgos. En España tenemos experiencias para riesgos climáticos que pueden servir como referencia para extenderse a riesgos de ingresos.

Es necesario, además, que la posición de Estado, haga alusión a la reforma prevista del sector del azúcar, indicada en la Comunicación de la Comisión Europea, demandando una orientación que garantice la producción europea de azúcar con unos ingresos para los remolacheros que permitan mantener el cultivo y las fábricas existentes.

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