Asaja Córdoba denuncia que en la últimas semanas se ha detectado un nuevo incremento de robos, sobre todo de cobre en explotaciones de regadío y viviendas de la Vega del Guadalquivir. Desde hace ya más de seis años la Organización Empresarial viene poniendo en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno de la provincia esta problemática, que cada día va a más a pesar de la magnífica entrega y dedicación de los números Guardia Civil, cuya labor es aún más dura cuando ven como la legislación en vigor ampara que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra” y no tienen medios humanos y materiales suficientes para desempeñar su labor. Es imprescindible una urgente modificación del código penal sin complejos endureciendo las penas al que roba y al que compra lo robado, pues la que entró en vigor en diciembre no está sirviendo ni servirá para solucionar este gravísimo problema.

En el campo se roba todo lo susceptible de ser revendido: cosechas y animales, transformadores, cables de alta y baja tensión, placas solares, instalaciones eléctricas, equipos e instalaciones de riego, generadores, maquinaria, enseres en las viviendas…
La vigilancia es absolutamente insuficiente. Asaja ha solicitado en varias ocasiones un Plan de Actuación efectivo para mejorar la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional incrementando la vigilancia y seguridad en los núcleos rurales, cuyos ciudadanos en general, y los agricultores y ganaderos en particular, se encuentran en situación de desamparo sin medios propios para evitar estos robos que causan cuantiosas pérdidas económicas y graves daños a las explotaciones. Asaja reitera la necesidad urgente de poner en marcha este Plan en 2011.

Y ello a pesar de la reciente reforma del Código Penal que contempla la creación de un registro de faltas único para toda España y un endurecimiento de las penas por reincidencia -solicitado también en repetidas ocasiones por Asaja-, que para la organización agraria resulta absolutamente insuficiente para terminar de una vez por todas con la grave situación que soportan agricultores y ganaderos.

Con todas estas propuestas, ni las medidas ni la situación han variado. La seguridad en las zonas rurales sigue siendo una asignatura pendiente y no deja de aumentar. Eso sí, las denuncias seguramente se hayan reducido por qué ¿para qué denunciar si recuperar lo robado es impensable y si se atrapa al ladrón pasado mañana está repitiendo la hazaña? También hace meses Asaja sugirió la necesidad de valorar la posibilidad de que la Administración asumiera el coste de una seguridad privada, algo que ya hace con determinados servicios públicos, corriendo ella misma con los gastos. Ahora, Asaja señala la urgencia de adoptar medidas como esta.