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El PP propone reconsiderar la liberalización de los derechos de plantación del viñedo que marca la OCM del sector

05/04/2011

El portavoz agrario del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Cruz Pérez Lapazarán pidió ayer, en el desarrollo de una jornada de debate sobre el futuro del sector vitivinícola, celebrada en el Senado de Francia, “que el vino y la viña tengan un trato diferenciado dentro de las futuras reformas de la PAC y se modifique la actual OCM, reconsiderando y viendo como positivo, un sistema de control sobre el viñedo”.

“Desde el PP proponemos la reconsideración de la liberación de los derechos de plantación que la OCM del vino señala para el 2016, por las nefastas consecuencias que esta medida tendrá para nuestro país”, ha remarcado.

A lo largo de su intervención en la mesa redonda sobre el futuro de los derechos de plantación del viñedo, el portavoz agrario de los populares, ha recordado que España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo con 1.129.951 has, muchas de las cuales se concentran en terrenos que muchas veces no ofrecen otra alternativa de cultivo, representando por ello una superficie de resistencia a la desertización. Ha afirmado que existen en torno a 6.000 bodegas, de las que 4.865 son de Denominación de Origen, que dan trabajo directamente a cerca de 24.000 personas.

Así, Pérez Lapazarán también ha afirmado que la producción de vino español asciende a 3.840 millones de litros (38,4 mill. hl) (2.009/10), lo que supone un valor al vinicultor de 1.141,8 millones de euros (2.010); y la exportación de vino fue en 2.009 de 1.510 millones de litros (15,1 mill. hl) (2º-3º exporta del mundo) por valor de 1.718,2 millones de euros.

LA OCM DEL VINO
José Cruz Pérez Lapazarán ha asegurado que la última reforma de la organización común del mercado vitivinícola en 2008 prevé la liberalización total de los derechos de plantación de viñedo a nivel europeo a partir del 1 de enero de 2016 y la posibilidad para los Estados miembro de mantener un régimen de derechos de plantación a nivel nacional hasta finales de 2018.

Así, el senador del PP ha considerado que esta liberalización absoluta de los derechos de plantación puede generar la “deslocalización de viñedo entre países”, con pérdida de superficie para el nuestro por el cambio a otros que tienen mejores condiciones económicas, productivas y laborales”.

Igualmente, según ha puesto de manifiesto el parlamentario navarro, con esta liberalización se podría producir una «deslocalización regional y local» del viñedo con paso de ciertos viñedos de unas regiones a otras y de laderas hacia la llanura, con mejores condiciones productivas, lo que produciría un impacto sobre el paisaje y el medio natural.

También se podría llegar a una situación de sobreproducción de vino y un reequilibrio de mercados que se intuye traumático, y una concentración de la oferta en operadores que tengan mayor capacidad económica. “La Caída de los precios, la desaparición de las pequeñas explotaciones y pequeñas Denominaciones, con impactos sociales importantes y una mayor industrialización del vino con modificaciones sobre el entorno y sobre la imagen del vino como producto industrial y no artesano; son otras de las consecuencias de esta situación de las que ha avisado Pérez Lapazarán.

POSICIONAMIENTO DEL PP SOBRE ESTE ASUNTO.
El portavoz agrario del PP ha alertado de que en unas condiciones de mercado tan críticas, con consumos a la baja, con nuevos operadores mundiales de vino muy activos, “se hace necesario no propiciar ni incrementar la masa vegetal en la UE, ya que lo único que induciría “seria a mayor producción y complicación para el mercado de nuestros vinos”.

“La liberalización absoluta de plantación de viñedo en la UE pudiera atraer a inversores, para producir en otros países de la UE con suelo, clima y condiciones laborales más favorables que las de España y el efecto seria de deslocalización de viñedo y más arranques con pérdida de masa vegetal con todo lo que ello conlleva”, ha apostillado con rotundidad.

Para finalizar, Pérez Lapazarán ha destacado el posicionamiento de Alemania y Francia, con las declaraciones de la canciller A. Merkel y del presidente N. Sarkozy, a favor del mantenimiento de los derechos de plantación, ha producido un nuevo estado de opinión, al que “nuestro país debiera adherirse sin complejos”.

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