España defendió ayer en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca en Luxemburgo que la revisión del esfuerzo pesquero en aguas occidentales propuesta por la Comisión Europea se lleve a cabo en el marco general de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

Este régimen, que se aplica únicamente para las especies demersales y para los buques de eslora superior a los 15 metros, asigna a los Estados Miembros unos kilovatios en las diferentes zonas CIEM (Consejo Internacional de Exploración del Mar) del Atlántico y Mar Norte, en función de la actividad desarrolla entre 1998 y 2002.

La delegación española, presidida por el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, y por la Secretaria General del Mar, Alicia Villauriz, ha señalado la necesidad de que la revisión elimine las rigideces actuales y que se aplique a todos los buques pesqueros sin excepción. También que armonice los mecanismos de control del esfuerzo pesquero en aguas occidentales con una clara distinción entre esfuerzo de tránsito y de pesca y, por otra parte, atendiendo a los diferentes artes utilizados.

Asimismo, sobre esta revisión y las condiciones aplicables a las actividades pesqueras de las Islas Canarias, la delegación española ha abogado por mantener la situación actual dado el carácter ultraperiférico de las islas y para garantizar el equilibrio socioeconómico de las poblaciones pesqueras en ese territorio.

En relación con el régimen de esfuerzo en la Zona Biológicamente Sensible (que actualmente ocupa una zona reducida del antiguo Box Irlandés), España ha puesto de manifiesto que su mantenimiento sólo puede estar justificado si responde a objetivos de conservación claros, sólidos y bien definidos. Objetivos que permitan un seguimiento transparente de las actividades pesqueras en esa zona en igualdad de condiciones para todas las flotas afectadas y con la finalidad de alcanzar una pesquería sostenible.

En el transcurso del debate, el resto de Estados Miembros han recordado a la Comisaria de Pesca la importancia y necesidad del actual régimen de esfuerzo pesquero, aunque el mismo deba adaptarse al nuevo escenario de gestión a largo plazo y en el contexto de la reforma de la PPC. En este sentido, se ha señalado que el régimen de esfuerzo debe considerarse un elemento más en la política de gestión y control de determinadas pesquerías.

Por último, España ha subrayado la importancia de que se recoja la acuicultura como prioridad en la reforma de la PPC, dada la relevante contribución de este sector a la seguridad alimentaria y al gran potencial de desarrollo de esta actividad.

Por ello, España se ha adherido a una declaración conjunta de Austria, República Checa, Hungría, Luxemburgo y Eslovaquia sobre el futuro papel de la acuicultura y pesca continental en la reforma de la PPC.

Esta declaración pretende que la Comisión Europea otorgue apoyo financiero en el marco del futuro Fondo de la Pesca con el objetivo de ayudar al desarrollo sostenible de esta actividad económica en la Unión Europea. En este aspecto, España ha destacado la necesidad de que la acuicultura de agua dulce y marina vayan de la mano en esta nueva etapa.