La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha realizado una primera estimación de la campaña del melón y todo apunta a que este año se desarrollará con total normalidad.

En relación a los precios, aunque es aún muy precipitado hablar de ellos, todo apunta a unas buenas perspectivas y a un equilibrio en los mercados. Sin embargo, ya el año pasado la campaña arrancaba con precios razonables y finalizó de forma ruinosa, provocando incluso la desmotivación de muchos agricultores que decidieron no recoger parte de la cosecha.

Las consecuencias de la última campaña han sido la reducción de un 10 por ciento de la superficie de melón. No obstante, en Ciudad Real se espera que, si bien disminuya las hectáreas de melón, aumenten las de sandía. Por su parte, en la provincia de Toledo, los agricultores han sembrado más cantidad de melón tardío, con lo que la superficie, y por tanto la producción, tendrán cifras semejantes a las del pasado año.

En total, se calculan unas 12.000-12.500 hectáreas de melón en Castilla-La Mancha, de las que 10.500 se ubican en la provincia ciudadrealeña. En cuanto a la sandía, se calculan unas 3.000 hectáreas, aunque todavía hay agricultores que se encuentran en plena campaña de siembra.

Por otra parte, el conocido como melón de “piel de sapo” que se cultiva en la región, tendrá una excelente calidad, pues el clima, el agua y la tierra castellano-manchega son únicos para este cultivo.

Uno de los graves problemas de la comercialización del melón es la diferencia porcentual entre el precio de origen y el de destino, que llega a alcanzar el 400%. A esto hay que sumar que es un producto perecedero, que no admite almacenamientos largos, por lo que tiene que ser vendido tras su recolección.

A esto se unen los excesivos costes de producción a los que se enfrentan los agricultores, y más aún si se trata de regadío como el melón, pues el coste del gasoil y de las tarifas eléctricas se ha multiplicado en los últimos años.

Ante ello, la Organización Agraria ha instado al Gobierno a que busque, de forma inmediata, una solución al problema de la desaparición de las tarifas especiales de riego y cumpla así con su compromiso de finales de 2009 de buscar medidas que paliaran las graves consecuencias que suponen para la agricultura el incremento de los costes energéticos.

Ante esta situación, los productores exigen que el aumento de los costes de producción repercuta en el precio del producto.