Cuatro años después de ser aprobada, el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se propone ahora poner en marcha la Ley de Desarrollo Rural. Una Ley que incluye los Contratos Territoriales de Explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor suscribe nuevos compromisos de carácter medioambiental en el desarrollo de su actividad productiva. La ineficacia de este tipo de contratos, la falta de consenso que han suscitado entre las comunidades autónomas y la pésima experiencia que dejan en otros países comunitarios llevan a ASAJA a pedir al MARM su retirada de la Ley.
Los Contratos Territoriales de Explotación (CTE) son una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000, como consecuencia de planteamientos puramente “teóricos” y cuya implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados.
En España este tipo de contratos no se han llevado nunca a la práctica, no obstante, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, si los contempla aunque los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria. Son las organizaciones medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras), muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, las que pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para “reverdecer” la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de carácter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la futura reforma de la PAC. Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, máxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero.
Los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero además, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales más exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de carácter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único (que además integra la solicitud de todas la medidas), por lo que ASAJA rechaza más compromisos medioambientales y más burocracia.
Ni siquiera este instrumento legal ha contado con el refrendo suficiente por parte de las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo por lo que ante la falta de consenso se optó por contemplarlo como una medida opcional en cada Plan de Desarrollo Rural. Ahora, con nuevos gobiernos autonómicos en la mayor parte de España parece que lo lógico sería retirar la actual redacción de los Contratos Territoriales de Explotación y proponer una modificación del artículo 16 de la Ley que lo regula.
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