El pasado 12 de abril, la Fundación Agroalimed, fundación que utiliza el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para la explotación de sus obtenciones, colgó en su página web la nueva fórmula que va a utilizar la Generalitat Valenciana para que solo los agricultores valencianos puedan tener acceso a estas variedades, así como que solo puedan producirlas los viveros que dispongan de instalaciones en la Comunitat Valenciana, rompiendo el principio de unidad de mercado y de libre establecimiento previsto en la Unión Europea. Bajo el pretexto de la experimentación, este nuevo modelo pretende posicionar al agricultor valenciano frente al resto de agricultores de otras zonas productoras y competidoras.

Hasta entonces las obtenciones vegetales conseguidas en el IVIA eran cultivadas por cualquier agricultor español, y eran explotadas comercialmente a través de licencias con los viveros de cítricos que aportaran las garantías requeridas. Dicho Instituto ha venido siendo el centro de investigación de referencia en el cultivo de cítricos a nivel nacional, gracias a las dotaciones humanas y técnicas recibidas de los presupuestos del Estado. Para la obtención de dichas variedades este Instituto se nutre adicionalmente de fondos estatales canalizados a través del INIA- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-.

Para limitar el acceso de las variedades solo a los agricultores valencianos, la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana va a «justificarlo» argumentando, según dice el pliego de condiciones, “…con el objeto de que esta evaluación sea lo más completa posible, durante el periodo de vigencia del contrato todas las explotaciones que planten esta variedad deberán estar ubicadas en la Comunitat Valenciana”, por lo que durante todo ese periodo, tan sólo los agricultores valencianos podrán disponer de las plantas pudiendo limitar el número de plantas a comercializar a partir de 2014. Obviamente, cuando se proceda entonces a la comercialización en el resto de España, si fuera así (podrían también decir que no se comercializan más plantas a partir de esa fecha) la situación de desventaja de los agricultores del resto del país que entonces pretendan acceder a estas variedades será totalmente evidente.

Aunque va a ser a partir de ahora el modelo de funcionamiento habitual, es el caso de las variedades de cítricos Moncalina, Nero y Clemenverd obtenidas por este Instituto, el que ha puesto de manifiesto esta nueva forma de proceder, que plantea la restricción de su puesta a disposición, para beneficio exclusivo de los agricultores de la Comunidad Valenciana.

Esta nueva línea de actuación fue argumentada, meses atrás en una jornada agrícola, por el Director General de Producción Agraria de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, D. Manuel Laínez, que defendía la nueva línea de actuación que provocado estos hechos apuntando que «muchas variedades han salido en el pasado sin protección y luego hemos visto cómo las explotaban otras zonas productoras que competían en el mercado con nosotros». Ante esta situación, el Director General establecía dos prioridades: “asegurar el retorno del esfuerzo investigador y dirigirlo a mejorar la renta del citricultor local”.

Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, de la Oficina Española de Variedades Vegetales, del INIA y de la Secretaría General de Agricultura del MAGRAMA, a cuya Secretaria General, Dña. Isabel García Tejerían, se la ha informado personalmente del asunto. Todos estos organismos contactados están interviniendo en el tema, y se han mostrado en desacuerdo con la decisión adoptada por la Comunidad Valenciana.

Hasta el momento, las gestiones han sido infructuosas, a pesar de la solidez y lo indiscutible de los argumentos que se exponen. Al margen de la procedencia de los fondos que financian la investigación, el sector agrícola español no puede consentir que si desde la administración central se ha designado al IVIA como centro de investigación de cítricos a nivel nacional, asignándole recursos y atribuciones, este organismo deje cumplir el papel que le corresponde, y menos aún, «aprovecharse» de este rol en beneficio de la comunidad autónoma en la que está ubicado.

Desde Asociafruit y Asociaflor se quiere reseñar que si se aplicara un modelo igual para el resto de los cultivos se iniciaría una “guerra” varietal autonómica en la que cada comunidad autónoma haría uso de sus avances frente a las demás- por ejemplo, Andalucía en el olivar, Cataluña o Aragón con la fruta de hueso, y un largo etcétera, trayendo más problemas que beneficios para el sector agroalimentario nacional.