Amigos de la Tierra Internacional condena el acuerdo al que han llegado los jefes de estado en la Declaración de Río +20. Una vez más, se pone en venta: las personas y la naturaleza . El acuerdo, como ya se esperaba, está muy lejos de la acción necesaria para abordar las crisis planetarias que afrontamos, , y no contempla ninguna de las soluciones planteadas por la sociedad civil en la Cumbre de los pueblos [1].

Esta declaración de mínimos se debe principalmente a la influencia que ejercen los lobbies empresariales en Naciones Unidas, tal y como ha estado denunciando Amigos de la Tierra con su informe “Liberamos a la ONU de la cooptación empresarial” [2]. Por lo contrario, la sociedad civil ha hecho su parte saliendo a la calle para exigir un acuerdo justo, y junto a algunos países del Sur Global han impedido una declaración, que nos hubiera colocado en una situación mucho peor que la de hace 20 años.

Amigos de la Tierra ha desempeñado un papel clave en la Cumbre alternativa. Este espacio apoyado por unas 200 organizaciones de la sociedad civil, durante 9 días (y no solo 3 como la cumbre), ha dado respuestas a las crisis, debatiendo y proponiendo ideas para el cambio que necesitamos. “Entre las propuestas, la Soberanía alimentaria, la justicia climática y económica, se han constituido como parte de las soluciones al panorama medioambiental y social, presente y futuro, señaló Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional.

“Junto a nuestros aliados, continuaremos denunciando los procesos de toma de decisiones que vienen determinados por el sector privado, sin que se escuche al 99% de la gente”, señaló Lucía Ortiz, “la gente que está en la cumbre alternativa, pero también a los “indignados” de todo el mundo”, agregó.

Análisis de los elementos clave en la declaración de Río

Economía verde:

La Unión Europea ha sido una de las defensoras de la “economía verde” al servicio de los sectores económicos y financieros y uno de los principales bloques que buscaba imponer la propuesta de las grandes empresas en la Declaración, presentándola como una herramienta indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, la sociedad civil y algunos países han frenado esta imposición, permitiendo, de momento, que cada gobierno defina sus políticas para lograr un economía justa y sostenible.

Lamentablemente, la “economía verde” todavía está reconocida en la Declaración como un instrumento clave en la declaración, y no recoge como causas de las crisis ambiental, social y económica los patrones de consumo de los países industrializados, quienes deberían asumir su papel de responsabilidad y ser los primeros en tomar medidas para empezar a consumir y producir de forma sostenible. La Declaración tampoco es capaz de reconocer que las empresas multinacionales son unas de las principales causas de estas múltiples crisis a escala planetaria, éstas siguen estando al margen, y con una situación privilegiada en las políticas mundiales.

Los principios de Río

La declaración de Río+20 corrobora los llamados “Principios de Río” firmados en la Cumbre de La Tierra en 1992, sin ir más lejos en sus compromisos adquiridos.

El acuerdo ignora la necesidad de que los países industrializados admitan su deuda ecológica, a través de la creación de un fondo de financiación y la transmisión de tecnología.

A su vez, la declaración de Río+20 no aborda uno de los principales problemas de la crisis, ir poniendo fin de forma progresiva a los combustibles fósiles por una transición justa a una economía baja en carbono.

Control empresarial de la ONU

La Declaración de Río+20 sigue considerando voluntaria la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad por parte de las empresas, enfoque ya presente hace 10 años y que se ha demostrado absolutamente insuficiente para abordar correctamente los abusos y crímenes de las empresas.

De manera desafortunada, la Declaración de Río pone un acento desmesurado en la contribución del sector privado en cuanto a financiación: estipula que los gobiernos deberían apoyar iniciativas que «promuevan la contribución del sector privado» y sólo hace referencia a la movilización de fondos públicos en relación a acuerdos colaboración público-privado.

La Declaración de Río no incluye ninguna de las peticiones presentes en la Declaración de Amigos de la Tierra Internacional y otras organizaciones, hecha pública el 4 de junio, y firmada por más de 400 organizaciones de todo el mundo. Algunas de estas peticiones son: limitar el papel privilegiado que se le otorga en la actualidad al sector privado en las negociaciones oficiales y decisiones políticas de la ONU; poner límites al peso de «empresa e industria» en el grupo principal que se supone asegura la participación de la sociedad civil; transparencia sobre todas las relaciones y vínculos existentes entre la ONU y el sector privado; el establecimiento de un código de buena conducta para los funcionarios de la ONU; la revisión de los acuerdos de asociación con empresas y paralizar cualquier nuevo acuerdo de este tipo; un incremento de la transparencia sobre la presión empresarial; el establecimiento de un régimen jurídicamente vinculante que permita exigir a las empresas la rendición de cuentas de cara a la legislación en materia de derechos ambientales, humanos y laborales.